El PSOE pide dureza para ‘La Manada’ pero acelera el fin de la prisión permanente revisable

El PSOE ha tratado de evitar hasta en 14 ocasiones que se amplíe el plazo de enmiendas parciales a la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, del PNV, que incluye la derogación de la prisión permanente revisable y, en consecuencia, que se retrase el fin de esta figura penal. La circunstancia adquiere un especial sentido en la polémica por la salida de prisión de ‘La Manada’, y la intención del Gobierno de estudiar la posible reforma del Código Penal en este tipo de delitos.

La ampliación sucesiva del trámite de enmiendas, semana tras semana, ha sido posible gracias al voto a favor de PP y  Ciudadanos, con mayoría en la Mesa del Congreso, con el fin principal de intentar dilatar al máximo la derogación. La votación ha evidenciado el posicionamiento del PSOE, que ha buscado así borrar cuanto antes la prisión permanente del Código Penal.

Desde el pasado 15 de marzo -cuando el Congreso tumbó con el voto de los socialistas dos enmiendas a la totalidad para evitar el fin de esa figura punitiva- el PSOE se ha mostrado sistemáticamente en contra de que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas parciales y, en consecuencia, en contra también de que la tramitación de la proposición del PNV se dilate aún más. La intención del PP es intentar alargarla, al menos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que, en su día, presentaron precisamente los socialistas.

El PSOE, junto a Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, ERC y Bildu, votaron el 15 de marzo en contra de dos enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos y PP para rechazar la proposición del PNV que deroga la prisión permanente.

PP y C’s, con mayoría en la Mesa del Congreso, aplazan semana tras semana la derogación de esta figura punitiva

El debate alcanzó una enorme polémica y fracturó a la propia bancada socialista, más aún porque la sesión coincidió en pleno duelo por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, en Almería.

La iniciativa de Ciudadanos pretendía endurecer las condiciones para acceder al tercer grado, y rechazaba los permisos en delitos muy graves. Los de Rivera intentaron convencer a los socialistas, sin éxito, para que se abstuvieran en la votación. Desde el PP, se defendía un catálogo ampliado de los delitos  que podrían ser castigados con la prisión permanente. Ambas propuestas fueron rechazadas.

Entonces, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, ya advirtió de que desde el PP se utilizará el trámite de las enmiendas parciales para intentar dilatar la derogación que, desde el PNV, se argumentaba en que esa pena «rompe el consenso constitucional» de la reinserción del preso.

Acuerdo tácito

El mismo criterio que aludieron desde Podemos y desde el PSOE. La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, insistió en que la prisión permanente revisable no era «constitucional» y desde el partido se acusó a PP y Ciudadanos de romper un «acuerdo tácito» para no debatir el tema hasta conocer la decisión del Constitucional, llevando al Pleno sus iniciativas.

Los socialistas argumentan en ese recurso que la prisión permanente vulnera varios artículos constitucionales. Entre ellos, principalmente, el 25.2, según el cual «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados».

Esta misma semana, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, consideró que la prisión permanente es una pena «inhumana» y «claramente inconstitucional» que «impide la resocialización y reinserción» de los presos.

En opinión de Delgado, existen otras «herramientas tan eficaces» contra los delitos tipificados en esta figura y que «no son tan vulneradoras de los derechos fundamentales». No obstante, evitó aclarar si el nuevo Ejecutivo optará por su derogación.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, criticó este viernes la salida de prisión de los miembros de ‘La Manada’ por considerar que la libertad provisional es «peligrosa» por ser «proclive a la fuga».

Celaá destacó además que «los hechos probados y condenados con muy graves, gravísimos». El Ejecutivo estudia una reforma del Código Penal en los asuntos relativos a «la violencia y a la indemnidad sexual».