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El tijeretazo del 155 al personal ‘a dedo’ de la Generalitat ahorrará 9 millones de euros

Pleno
Carles Puigdemont. (Foto: AFP)
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El cese de 141 trabajadores eventuales de la Generalitat, recogido en las medidas del artículo 155, supondrá un ahorro superior a los 9 millones de euros, según los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata de personal de libre designación, asociado a cada uno de los cargos destituidos del Govern, y que van desde asesores a miembros de los departamentos de comunicación o protocolo, jefes de gabinete, técnicos o secretarios. En el caso concreto del expresidente catalán, Carles Puigdemont, la decisión afecta a 38 cargos nombrados ‘a dedo’.

La medida va orientada, sobre todo, a desmantelar el entramado creado por el independentismo en los últimos años y enfocado a la construcción y difusión de su mensaje. Así, entre los cargos suprimidos sobresale el nutrido grupo de asesores en materia de comunicación, protocolo y publicidad, relaciones exteriores y análisis estratégico. Entre ellos, por ejemplo, puestos creados al mero servicio de los fines separatistas, como el encargado de la ‘mejora de las instituciones de autogobierno’, con un sueldo de 55.657 euros al año.

Los elevados salarios de la administración catalana se revelan en puestos tan específicos como el de un asesor dedicado en exclusiva a ‘materias relacionadas con el valle de Arán’, con 67.341 euros al año, o a la interlocución con las ‘casas’ de Cataluña -asociaciones de catalanes fuera de la comunidad- con 51.443 euros anuales. El asesor de redes sociales de Puigdemont cobraba, por su parte, más de 42.740 euros.

Más de 100.000 euros anuales

En la larga lista de eventuales figuran además cargos que superan los 100.000 euros anuales, muy por encima incluso del presidente del Gobierno.

Es el caso de Jordi Boixareu, ‘cerebro’ de la Agencia Tributaria catalana-uno de los pilares de la República independiente-  y que disfrutaba de uno de los sueldos más elevados, 106.090 euros anuales. Boixareu reemplazó en septiembre al director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación de la Generalitat, Albert Castellanos, en la reestructuración de la consejería de Economía tras la detención de la cúpula organizadora del referéndum ilegal.

La media, no obstante, se sitúa en torno a los 60.000 euros anuales, y el más bajo corresponde a la adjunta a la Oficina de la Secretaría del consejero de Presidencia, Jordi Turull, con 29.647 euros.

Los eventuales que pierden su trabajo son personas de confianza de cada uno de los cargos y por tanto, como se explicó en fuentes de Moncloa, su nombramiento y cese van ligados a la persona que los designa.

En concreto, el texto del artículo 155 permite al Ejecutivo “acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal con asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña, así como los de cualesquiera organismos, entres y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y de su sector público empresarial”.

Casi la totalidad de esos trabajadores fueron nombrados por Puigdemont, pero los hay también que comenzaron a trabajar en la Generalitat tras la llegada al poder de Artur Mas. Otros, como el director jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo, Carles Fabró, son una rara excepción, ya que su relación con el gobierno autonómico se remonta a tiempos de Pujol. Fabró, con un sueldo de 75.123 euros, fue uno de los citados en el juicio contra el exconseller Francesc Homs por la organización del 9N. Tanto él, como otros testigos, altos cargos de la Generalitat, admitieron que desde el gobierno catalán les encargaron diversas gestiones para la celebración del referéndum ilegal pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional.

 

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