Un eurodiputado de PDeCAT exige que la Comisión Europea investigue el Estado de Derecho español

Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT pretende llevar a la Comisión Europea el tema de la querella presentada por la Fiscalía por la compra de urnas para la celebración del referéndum ilegal porque, según considera, se trata de «un caso único y escandaloso en la UE que no debería ser tolerado».

En el comunicado habla de la consejera Meritxell Borràs como «ministra catalana» y pregunta «si la Comisión va a iniciar una investigación sobre el estado de derecho en España».

Para el eurodiputado «iniciar un pleito contra un político democrático para la compra de unas urnas constituye un caso único y escandaloso en la UE que no debería ser tolerado».

Además, pide co-firmas con las que poder conseguir apoyos a su propuesta de investigación.

La Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, por su “voluntad rebelde” al iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum ilegal, que conduce “a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura“.

La medida será llevada según Tremosa a la Comisión Europea que tomará en consideración las declaraciones del eurodiputado.

La querella está también dirigida a Francesc Esteve, secretario general de Governació y ha sido interpuesta por orden de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Cataluña. Pese a los avisos previos, se puso a concurso para que cualquier empresa pudiese optar a ello, la adjudicación de las urnas. La Fiscalía consideró esto como «una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista contrario a los expresos mandatos».

Según la querella, Borràs y Esteve han licitado las urnas para el referéndum “con cabal conciencia” de que con ello impulsaban un trámite “constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado, extravagante de las genuinas funciones de las que estaban investidos conforme a la Constitución y al Estatut y que conduce al pueblo español y a todos los ciudadanos de Cataluña a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura”.

“Por más que la intención de los querellados de obtener los medios para la celebración del referéndum ilegal se pretenda ocultar bajo los términos amplios que describe el Acuerdo Marco del departamento de Governació, no por ello dejan de evidenciar esta voluntad rebelde a cumplir las resoluciones del Constitucional”, redactó la Fiscalía.