Las 13 facturas por 315 millones que una juez investiga por adjudicaciones del Gobierno durante el covid

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, investiga a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por las adjudicaciones por importe de 315 millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia. OKDIARIO ha tenido acceso al sumario de la causa y en él constan las facturas, que, hasta el momento, han permanecido bajo llave, emitidas por las empresas que resultaron agraciadas con la concesión y que ahora están siendo investigados por presuntas irregularidades.

Este periódico ha tenido acceso a todas las actuaciones practicadas desde que se abrió la causa hace más de dos años y medio. Hay que destacar que durante todo ese tiempo, la magistrada no ha ordenado ni una sola diligencia a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Los únicos escritos presentados, por el momento, son los requerimientos del partido político Vox, que presentó la querella y ejerce como acusación popular, y de la Abogacía del Estado –que ejerce la representación de los directivos de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria imputados– y de la Fiscalía. Estos dos últimos se han pronunciado sólo para pedir el archivo de la causa.

Hay que destacar que la instructora imputó al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, a la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y a la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz. Estos tres ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez han desfilado hace más de un año por un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos covid. Sin embargo, la titular del juzgado todavía ni siquiera ha dado traslado a las partes de la declaración de los investigados. Un hecho inusual en un procedimiento de este calibre, según fuentes consultadas.

Facturas sospechosas

La magistrada, tal y como recoge el Ministerio Público en un escrito, investiga trece contratos –de los 56 denunciados– por haberse realizado a «empresas de dudosa existencia». Añade la Fiscalía que «sólo se conoce de ellas una denominación social, no tienen establecimiento en nuestro país, haciendo imposible la más mínima fiscalización de los mismos y por ende el análisis impositivo del contrato». El fiscal explica que «algunas carecen de objeto social conocido y otras el objeto social del mismo nada tiene de relación con el objetivo del contrato adjudicado». Además, argumenta que «en muchas de ellas no tienen experiencia previa ni contratación con la administración pública ni del objeto del contrato, tampoco cuentan con infraestructura necesaria para poder atender unos contratos de las características de los analizados».

Así, el fiscal enumera los 13 contratos de todos los denunciados, que se están investigando. Por ejemplo, el 8 de abril el Ministerio de Sanidad «adjudicó, en caso de existir, a la empresa Hongkong Travis Asia Limited –sin identificación fiscal, ni forma societaria, nacionalidad, domicilio u objeto social conocido– un contrato por importe de 11.713.377,02 euros para el suministro de mascarillas FFP3 en cantidad no determinada figurando como único detalle en la memoria explicativa que el pago se realizaría en dólares USA».

En esa misma fecha, el Gobierno adjudicó a la empresa DSV AIR & SEA S.A.U.C. «sin identificación social ni forma societaria, nacionalidad, domicilio u objeto social conocido, en caso de existir, un contrato por importe de 7.172.001,38 euros para el servicio de ocho vuelos chárter». OKDIARIO pública la factura emitida por dicha empresa que fue requerida la magistrada –en una de las escasas diligencias solicitadas– a la empresa Ingesa.

También el 8 de abril, subraya el escrito de la Fiscalía, el Ejecutivo da a la empresa DAMBURY ENTERPRISES LTD «sin identificación fiscal, ni forma societaria, nacionalidad, domicilio u objeto social conocido, un importe de 7.587.190,08 euros para el suministro de 13 millones de mascarillas quirúrgica». Un mes antes, en marzo, el Ministerio de Salvador Illa adjudicó un contrato a la empresa SYSMED CO.LTD por importe de 771.220,10 euros para el suministro de mil dispositivos de ventilación mecánica.

La magistrada también está investigando, por considerarlas sospechosas, las facturas –que ahora revela OKDIARIO– y que reflejan el pago de 4.300.000 euros a la empresa MJ STEPS por el suministro de un millón de hisopos para tomar muestras; 150.061.218,91 euros a Hongkong Travis Asia Limited para el suministro de diverso material de protección; 380.000 euros a MJ STEPS por 10 dispositivos de ventilación mecánica; y 8.423.640,83 euros a Weihai Textile Group Import & Export CO. LTD por el suministro de batas desechables.

Factura aportada por Ingesa en relación al contrato adjudicado a la empresa Weihai Textile Group Import & Export CO. LTD

Factura aportada por Ingesa en relación al contrato adjudicado a la empresa Hong Jin Medical Science and Tecnology Service LTDAdemás de 31.751.844,77 euros a Hangzhuo Ruining Trading CO.LTD por tres millones de monos desechables protectores; 29.740.463,66 euros a China National Instruments Import & Export Corporation para el suministro de batas desechables y 4.232.000 euros a Value & Bro SL por 700.000 hisopos.

Sin embargo, el fiscal solicita el archivo de la causa porque considera que los indicios aportados por el momento sobre las posibles irregularidades en la contratación administrativa «se sustentan en meras conjeturas, relativas a las dudas que genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, pero el querellante no ha concretado en qué tipos de incumplimientos incurrió la administración».

Fuentes consultadas por este periódico señalan que los querellantes aportaron unos contratos sospechosos, sin embargo, «la Fiscalía y la instructora deberían haber ahondado más en la investigación a través de las unidades especializadas». Añaden: «Parece que existe un claro interés en dejar morir la causa para que termine en archivo, no ocurrió lo mismo con la causa de las mascarillas vendidas al Ayuntamiento de Madrid en las que se ha investigado a Luis Medina y Alberto Luceño».