Los propietarios ven «inaplicables» los decretos de Vivienda: «Usan la técnica legislativa más deficiente de la democracia»

Los reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno de Sánchez en materia de vivienda trasladan a los propietarios «una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas», según trasladan a OKDIARIO desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). Denuncian que «el escudo social no puede ser el propietario».

«Una norma redactada a la carrera, en el último minuto, solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia. Tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver», han sentenciado.

Por ello, ASVAL ha pedido «que se retiren los textos y que la reforma se aborde con otro método»: de forma coordinada con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler.

«Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», señala la asociación.

ASVAL advierte de que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger». De hecho apuntan que los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España «ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar».

Para ASVAL, los decretos suponen «una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales: la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley. Rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad».

Para los propietarios, los decretos incumplen, además, los principios de buena regulación, ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica.

Estos decretos se suman a las numerosas medidas aprobadas en los últimos años que, lejos de mejorar la situación del alquiler en España, han desembocado en consecuencias muy negativas para el conjunto de la ciudadanía: menos oferta, precios más altos y más dificultades de acceso para los que no tengan ya un contrato en vigor.

Unos decretos que restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace.

ASVAL urge, además, a construir un verdadero parque de vivienda pública, con una inversión pública a la altura del reto y similar a la de los países de nuestro entorno. El alquiler asequible no se decreta, se produce, y para producirlo hacen falta recursos públicos, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y propietarios. La asociación ofrece su colaboración para ese trabajo.