INFORME DEL SINDICATO

UGT exigirá al Gobierno que convierta a Bankia en una banca pública

UGT
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Borja Jiménez

UGT exigirá al nuevo Gobierno la creación de una banca pública a partir de Bankia, cuyo máximo accionista es el Estado -a través del  61,3% que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)-.

A través del Secretario Federal del Sector Financiero del sindicato, Roberto Tornamira Sánchez, UGT tiene preparado un comunicado en el que desglosa los motivos por los que es necesaria, bajo su punto de vista, la creación de una banca pública a partir de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

El comunicado comienza lamentándose por la tasa de paro en España, impulsada, por cierto, por quienes comparten sus ideas de crear una banca pública a través de Bankia; los mismos que han logrado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de forma unilateral y sin tener en cuenta el diálogo social.

«Mientras que la población activa crece en 155.000 personas en el último año, datos del Banco Central Europeo, en el sector financiero (…) hemos pasado de los 276.497 trabajadoras y trabajadores que había en 2008, a los 179.055 a cierre de 2018; lo que supone una pérdida de 97.442 puestos de trabajo (un 35,24% de tasa de destrucción de empleo)», continúa el comunicado de UGT.

Plagado de erratas y fallos gramaticales que hacen prácticamente ilegible el comunicado, UGT cree que «la concentración bancaria no es un ‘invento’ que nace con la crisis de 2008». Tras poner el grito en el cielo por «la ingente cantidad de dinero público que se ha puesto a disposición del saneamiento bancario en los últimos diez años», el sindicato exige a las instituciones del Estado «intervenir», pero «no para continuar dotando de fondos públicos a entidades privadas, sino para dotarse de un polo de banca pública que permita disponer de una herramienta de distribución de crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO), a partir de la red de oficinas de Bankia, cuya entidad es mayoritariamente propiedad del Estado, dando utilidad así a los 24.000 millones de euros destinados a sanear Bankia y BMN (esta última hoy integrada en Bankia)».

Bajo el punto de vista de UGT, «es probable que si el Estado diese servicio bancario en la ‘España vaciada’, ayudase a esas zonas a recuperar el pulso económico perdido. En todo caso, prestaría un servicio bancario necesario pero ausente para un importantísimo número de ciudadanos y ciudadanas».

Pero el informe de UGT va mucho más allá: «Incluso cabe pensar que la banca privada volvería a verse motivada a abrir oficinas en las zonas que hoy ha abandonado, con la consiguiente contratación y creación de empleo, al calor del negocio que muchos clientes están demandando y que no es otro que la banca tradicional».

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