La UE pierde por fraude fiscal 46.000 millones y amplía el control sobre Andorra, Mónaco y San Marino

Bruselas ha amplificado su red de control fiscal en el territorio europeo. Si bien las pérdidas por evasión y elusión fiscal son difíciles de cuantificar, los últimos datos disponibles indican que los estados miembro de la Unión Europea (UE) pierden unos 46.000 millones de euros por fraude fiscal. Esto ha movido a la Comisión Europea (CE) a firmar acuerdos de cooperación administrativa con cuatro países donde las grandes fortunas tratan de esquivar la presión fiscal de sus respectivos países: Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino.

En concreto, estos acuerdos buscan aumentar el intercambio de información financiera y fiscal para perseguir de manera más «eficaz» el fraude y la evasión fiscal.

La CE ha firmado este lunes, 13 de octubre, las nuevas medidas de control fiscal que refuerzan los acuerdos de cooperación administratica existentes con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino para «luchar contra el fraude y la evasión fiscal». Así, estas revisiones buscan «armonizar» los acuerdos con la última directiva de la UE sobre cooperación administrativa (DAC) y las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los nuevos protocolos aumentan el intercambio automático de información sobre cuentas financieras para incluir datos sobre dinero electrónico y monedas digitales, algo que está suscitando un importante debate. Igualmente, refuerzan los requisitos de «diligencia debida» y de información.

Una vez que sean ratificados los acuerdos para el aumento del control fiscal, se espera que entren en vigor a partir de 2026. Y, de hecho, se espera que pronto se firme otro protocolo de modificación muy similar con Suiza, país muy reconocido por su discreción bancaria.

Por otro lado, el pasado viernes, 10 de octubre, el Consejo adoptó la propuesta de la Comisión para iniciar negociaciones con Noruega con vistas a un nuevo acuerdo sobre cooperación administrativa en materia de impuestos directos.

Este acuerdo tiene como objetivo crear un marco para la colaboración entre los Estados miembro de la UE y Noruega en relación con las nuevas disposiciones de la directiva sobre cooperación administrativa DAC, facilitando el intercambio automático de información fiscal, al tiempo que ampliará la cooperación en materia de recuperación de impuestos para abarcar todas las reclamaciones fiscales, «en armonía» con la directiva sobre recuperación de impuestos.

Esto, según la autoridad comunitaria: «Mejorará el marco de lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, complementando el actual acuerdo de cooperación entre la UE y Noruega en materia de IVA, establecido por primera vez en 2018 y actualizado en 2024».

El control fiscal en España y la UE

En 2025, la presión fiscal en España es del 38 % del PIB aproximadamente. Por su parte, la presión fiscal en la UE es de un 41 % del PIB. Si bien puede parecer que la presión fiscal en España es menor que la de Europa, realmente no es así. Aunque esta medición relaciona la recaudación fiscal con lo producido en nuestro país durante un año (PIB), no señala cuánto nos quitan realmente del bolsillo los españoles.

En este sentido, tiene especial relevancia, por un lado, el hecho de que no se haya deflactado el IRPF, algo que ha aumentado enormente la carga fiscal a la que están sometidas los españoles.

Y, por otro, la diferencia entre PIB y renta per cápita, porque el crecimiento económico se basa en la entrada masiva de inmigrantes, pero que, dada su baja productividad, generan un bajo crecimiento del PIB. El resultado es un crecimiento de la renta per cápita escaso, tanto que ha paralizado la convergencia en este aspecto con la UE. Por esta razón, es mucho más representativo el esfuerzo fiscal, que mide la presión fiscal ajustada a la renta per cápita.

Informes recientes sitúan tradicionalmente el esfuerzo fiscal de España por encima de la media de la UE, debido a una renta per cápita inferior y un mayor mercado negro.

Siguiendo esta idea, también resulta significativa la cuña fiscal, que consiste en la proporción del coste laboral total que se va en impuestos y la cotización social. Esta variable ya se sitúa en el 48 % (en 2025, para un salario medio en España, la cuña fiscal asciende al 47,8 % del coste laboral total).