La SEPI se lava las manos en los casos de Air Europa y Celsa: «No se mueve un papel»

La SEPI se juega mucho dinero público en la solución de los casos de Air Europa y la siderúrgica Celsa. Sin embargo, fuentes no oficiales del organismo aseguran que no hay inquietud sino todo lo contrario: «No hay ninguna preocupación, no se mueve un papel». Y las cosas se van a paralizar todavía más conforme se acerquen las elecciones. Lo cual concede otra ventaja a Juan José Hidalgo en la negociación que mantiene actualmente con Iberia para su posible fusión.

Air Europa fue la primera empresa ayudada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) creado por la SEPI en 2020 para ayudar a las empresas viables que atravesaban dificultades puntuales derivadas de la pandemia. Recibió 475 millones, divididos en un préstamo participativo de 240 millones con un interés elevadísimo del 8% y otro ordinario de 235 millones, a los que hay que sumar otros 140 millones de un préstamo avalado por el ICO.

Hidalgo ha repetido en numerosas ocasiones que, a pesar de la mejora de la actividad y de los resultados de Air Europa, no puede hacer frente a ese coste financiero. Por eso, quiere renegociar el préstamo a la baja. Esto se ha interpretado como una baza a favor de Iberia (IAG) para lograr la fusión de las dos compañías, ya que la operación resolvería de un plumazo ese problema.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el análisis es justo el contrario: «La SEPI no está en absoluto preocupada por si Air Europa no devuelve el préstamo. A Sánchez le da lo mismo y a María Jesús Montero también». «Si a tu acreedor no le importa que no le devuelvas el dinero, no tienes ninguna presión», añade otra fuente.

Esto supone quitarle uno de los grandes argumentos a IAG a favor de la fusión, a la que se resiste Hidalgo (al menos, al precio acordado hace un año, de 500 millones por el 100% de Air Europa). El empresario salmantino tiene además a su favor el posible interés de otros competidores de Iberia (Air France, Lufthansa) y las objeciones que seguramente pondría Bruselas a la fusión, com o ya las puso en diciembre de 2021.

Sobre el riesgo judicial de que alguien acuse a la SEPI de malversación si no recupera el dinero una tercera fuente apostilla que «ya se ha visto en el archivo del rescate de Plus Ultra que no va a pasar nada. Y si imputan a alguien, será a Bartolomé Lora [entonces presidente de la SEPI en funciones], que está para eso. Pero no va a caer nadie del Consejo de Ministros, que fue quien aprobó las ayudas, es muy difícil que un juez vaya contra ellos».

Celsa, sin acuerdo

En el caso de Celsa, la SEPI ha sido mucho más precavida y ha condicionado el préstamo de 550 millones a que se alcance un acuerdo entre la familia fundadora, los Rubiralta y los acreedores, básicamente fondos de inversión que compraron la deuda original a la banca. Un acuerdo que no llega porque los fondos, que acumulan 2.200 millones de los 3.000 de la deuda total, pretenden quedarse con la compañía a cambio de esa deuda que no puede pagar la empresa. Y los Rubiralta se niegan a perder el control a pesar de esta insolvecia.

La situación está estancada desde noviembre y no se prevé una solución a corto plazo. Pero la SEPI tampoco está preocupada, según las fuentes, y en este caso juega con ventaja porque aún no ha entregado el dinero. En cuanto a Celsa, esta situación juega en contra de los Rubiralta, puesto que sin el dinero del rescate la empresa llegará un momento en que no pueda seguir operando. Y entonces no tendrán más remedio que pactar con los fondos. Claro que éstos tampoco pueden dejar que la empresa se hunda o no recuperarán nada.

Por último, las fuentes consultadas aseguran que la SEPI está a punto de paralizar su actividad, como siempre hace meses antes de unas elecciones en las que puede haber un cambio de Gobierno. Este año, además, esta paralización se adelantará por las elecciones municipales y autonómicas.