Sánchez ocultó 4.000 millones en gastos y dejó sin justificar otros 1.300 en las cuentas públicas de 2023

El Tribunal de Cuentas retrata la gestión económica de Pedro Sánchez. En un informe publicado este lunes sobre las cuentas de las administraciones en 2023, desvela que el Gobierno de Sánchez no contabilizó como gasto algo más de 4.000 millones de euros. Además, explica que hay facturas por otros casi 1.300 que no están justificadas.

Estos dos golpes a la gestión de Sánchez se unen a un tercero que desvela el Tribunal de Cuentas: que el resultado presupuestario de 2023 está inflado en 3.211 millones de euros, como adelantó este diario el domingo.

Según se destaca en el informe, las cuentas públicas de Sánchez no recoge «a 31 de diciembre de 2023 obligaciones por un importe acumulado de 4.018,1 millones de euros (3.600,3 millones del ejercicio corriente y 417,8 de ejercicios anteriores) ni derechos reconocidos por un importe neto de 270,1 millones».

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas urge al Gobierno «en el menor plazo posible» a la regularización de los importes indicados, que deberá «ser imputada a presupuestos de ejercicios posteriores en el menos plazo posible», señala.

Consolidar esos más de 4.000 millones de euros en el presupuesto de 2023, como hubiese sido preceptivo, según el Tribunal de Cuentas, hubiese elevado el déficit público en 3.211 millones de euros. Eso significa que el déficit hubiese sido un 3,84%, en lugar del 3,66% que comunicó el Gobierno a Bruselas. El compromiso del Gobierno con Europa era cerrar 2023 con un déficit del 3,9%.

Las reglas fiscales -que obligan a reducir el déficit por debajo del 3%, no estaban activadas todavía en ese ejercicio-, pero si el Gobierno cumple con la orden del Tribunal y contabiliza esos gastos en los presupuestos de 2025, el déficit sí se verá alterado en un año en el que sí están las reglas fiscales activas.

Además, el Gobierno de Sánchez cerró el ejercicio de 2023 con casi 1.300 millones de euros sin justificar. El Tribunal de Cuentas señala que «a 31 de diciembre del citado año, el saldo de pagos a justificar pendientes de justificación o cuya aprobación debería haberse producido, por haber transcurrido en ambos casos el plazo legal, asciende a 1.252,5 millones». Se trata de gastos sin justificar incluidos años anteriores. El plazo es de tres meses, o seis meses para pagos en el exterior.

Como se puede ver en la imagen, tomada del informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio que más facturas acumula sin justificar es el Transportes y Movilidad, seguido del de Inclusión. El peor año fue el de 2022, cuando se acumularon casi 500 millones de facturas sin justificar.

Además, el Tribunal de Cuentas pone el foco en dos cuestiones más. Primero, en la deuda financiera total de las administraciones públicas, que asciende a 1,4 billones de euros.

Y, segundo, a la situación de la Seguridad Social. El déficit del sistema de pensiones roza los 100.000 millones de euros a cierre de 2023. Pero a este importe hay que añadir «17.168,6 millones que derivan de los préstamos concedidos entre 1992 y 1999, otorgados principalmente para superar los desequilibrios presupuestarios y desfases de tesorería que afrontó el sistema en aquel momento, provocados, en gran medida, porque la Seguridad Social, de acuerdo con las normas entonces vigentes, hubo de financiar con cargo a sus recursos una parte sustancial de los gastos de naturaleza no contributiva».

La solución adoptada por el Gobierno es la aportación de fondos desde los Presupuestos Generales para financiar esos gastos no contributivos, como algún tipo de pensiones. Desde 2017, esa aportación de fondos públicos rozan los 99.000 millones de euros.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recuerda e insiste en que no es la solución adecuada para acabar con las deficiencias del sistema. «Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que este tipo de medidas coyunturales no resuelven los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tienen reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2023, de 116.166,4 millones (un 7,75 % del PIB de 2023)», señala el informe.