La administración central y sus organismos dependientes -ADIF, Agencia Tributaria…- han elevado a 35 días el periodo medio de pago a los proveedores en febrero, a las puertas de la crisis del coronovirus que ha golpeado duramente a muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) conocidos este miércoles.
La cifra, que supera el límite legal de 30 días, es superior a la del cierre de diciembre de 2019, cuando se situaba en 25 días, y algo inferior a la que se registraba en febrero del año pasado, que marcó 37 días. Respecto a febrero de 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy, el periodo medio de pago de la administración central estaba en 22 días.
Entre los organismos dependientes de la administración central, los más ‘morosos’ son Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, con 51 días, algunas confederaciones hidrográficas o el Instituto Cervantes.
El retraso en el pago de las facturas por parte de la administración central supone un duro golpe para los proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, que sin embargo tienen que pagar sus impuestos en tiempo y forma para evitar multas.
Este hecho, denunciado sistemáticamente por Lorenzo Amor, presidente de ATA, supone una pérdida de músculo financiero para miles de empresarios a las puertas de una de las crisis más profundas en España y en el mundo por la expansión del coronavirus. «Y la situación está siendo peor en marzo, justo cuando necesitamos más liquidez. El Gobierno va a tener que plantear un plan de pago a proveedores como ya se hizo en la anterior crisis», apunta Amor.
De hecho, una de las primeras decisiones que han tomado las grandes empresas españolas para ayudar a pymes y autónomos es adelantar el pago de las facturas a sus proveedores para dotarles de liquidez para afrontar el coronavirus.
Regiones
La situación, aunque ha mejorado en febrero, es algo peor en el caso de las comunidades autónomas. El periodo medio de pago de las regiones, según la misma fuente, se ha situado en febrero en 39 días, nueve días fuera de la ley pero cuatro días mejor que en enero.
Con todo, las entidades locales son las peor pagadoras históricamente. En febrero la media es de 87 días, casi dos meses fuera del plazo que marca la ley. Hay ayuntamientos que superan incluso los 600 días de periodo medio de pago, como el ayuntamiento de Granada.
