Crisis de vivienda e inmigración

La regularización masiva de Sánchez sólo ha dado a la construcción un 5% de todo el personal que necesita

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Una promoción de viviendas en construcción.

Desde que el pasado 16 de abril se abriera el plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros dos días antes y hasta agosto (último mes con datos disponibles), el sector de la construcción ha ganado 39.722 afiliados originarios de países de fuera de la Unión Europea, cifra que equivale poco más que a un 5% de esos 700.000 nuevos asalariados que necesita -según la patronal- para poder suplir las necesidades actuales de mano de obra.

Este dato, calculado por OKDIARIO a partir de datos de la Seguridad Social, es quizá el que mejor ilustra hasta qué punto el planteamiento garantista que el Ejecutivo ha hecho de la medida de gracia diluye su potencial efecto benéfico y puede convertirla en un problema.

En reiteradas ocasiones antes y después de aprobar el polémico Real Decreto el Gobierno se ha defendido de las críticas aduciendo que el mercado laboral necesita esa savia nueva para compensar las jubilaciones de la generación del baby boom y, sobre todo, para ganar cotizaciones que alimenten un sistema de pensiones en bancarrota. Frente a esto, la oposición siempre adujo que ni los servicios públicos ni el maltrecho mercado de la vivienda de nuestro país podían permitirse la entrada de 1,1 millones de nuevos ciudadanos, que es la cifra de personas que habían presentado la solicitud una vez terminado el plazo.

El caso es que ambos argumentos chocan de una forma muy paradójica cuando se aplican sobre una de las esferas de la vida económica que más preocupan en este momento a los españoles: la vivienda. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) -la principal patronal de las constructoras- siempre apoyaron una nacionalización masiva, entre otras cosas porque la falta de mano de obra es una de las razones principales de que no se construyan más casas. Sin embargo, y según explica a este periódico Pedro Fernández, el presidente de la CNC, el modo en que el Gobierno redactó el Decreto ha acabado por limitar enormemente su potencial benéfico.

Durante el proceso de negociación de la norma, las constructoras -y otros sectores- solicitaron al Ejecutivo que vinculara el arraigo a la participación del interesado en algún curso de capacitación o formación profesional, con ánimo de asegurar así que la medida se tradujera en un aumento de los afiliados allí donde se necesitan y con la capacitación técnica que falta en España. Sin embargo, finalmente la Moncloa optó por un mecanismo sui géneris en el que bastaba que los candidatos acreditaran que estaban en nuestro país antes del uno de enero de 2026 (y que habían permanecido al menos cinco meses ininterrumpidos) para obtener los papeles.

En opinión de la CNC, esto ha impedido que las constructoras reciban ese aluvión de trabajadores que necesitan y que desde la patronal cifran en 700.000. Como ya se ha avanzado, entre marzo y agosto de este año la construcción ha ganado 39.722 altas de extranjeros en el Régimen General (asalariados), dato que lleva el total de inmigrantes (solo los nacidos fuera de la UE) en el gremio a los 241.080.

Estas cifras suponen un salto cuantitativo sensacional y uno que afianza a la edificación como una de las actividades más dinámicas de nuestra economía en creación de empleo; solamente en los últimos doce meses el sector ha ganado cerca de 80.000 nuevos asalariados que sitúan el total por encima del millón (incluidos nacionales y extranjeros).

Sin embargo, difícilmente este flujo de nuevos peones de obra, albañiles y encofradores será suficiente para acelerar sustancialmente el ritmo en la construcción de viviendas o compensar siquiera el auge en la demanda que seguirá a la regularización. No hay que olvidar que en España faltan 750.000 casas para cubrir el déficit (según el Banco de España) y que en 2025 el parque residencial solo se incrementó en 94.791 unidades nuevas, dato que está muy lejos del medio millón de pisos que se terminaron en 2006.

Los impuestos, la burocracia, la inflación… Son muchas las razones de que en España se construya poco, pero desde CNC aseguran que la falta de personal es una de las causas principales. A un ritmo de 90.000 afiliados nuevos al año, de hecho, harían falta unos ocho ejercicios para que el sector alcanzara el volumen de trabajadores que necesita, y ese cálculo es optimista ya que no incorpora las jubilaciones masivas que se producirán en los próximos años. El 22% de los profesionales de la edificación superan los 50 años, lo que equivale a decir que en una década una cuarta parte del gremio estará jubilado.

 

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