El PSOE acusa al PP de la quiebra de Duro Felguera por no aprobar su exención contable

El Gobierno de Asturias, del PSOE, ha ejecutado un triple salto mortal para culpar al Partido Popular de la quiebra de Duro Felguera, pese a que la crisis que ha llevado a la compañía al preconcurso de acreedores viene desde hace muchos años y a que es totalmente inviable. La excusa para esta acusación es que el PP tumbó el decreto ómnibus en el que aparecía una moratoria contable que permitía reducir el patrimonio negativo de la empresa.

Hasta el año pasado, existía una norma que permitía a las empresas no restarse del capital las pérdidas sufridas en 2020 y 2021 al entenderse que fueron excepcionales a causa de la pandemia. No obstante, era una medida temporal porque también se daba por supuesto que con la recuperación posterior, los beneficios permitirían absorber esos quebrantos.

Sin embargo, muchas empresas, en especial pequeñas, no han conseguido ganar lo suficiente en los últimos años para compensar aquellas pérdidas. En el caso de Duro Felguera, esa exención le permitía no computar en sus fondos propios las pérdidas de 171 millones de euros que registró en 2020, con lo que podría mantener el patrimonio neto de la compañía en positivo de forma ficticia, según el PSOE.

De ahí que esa moratoria se haya ido aplazando año tras año. Y el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía hacer lo mismo en 2025 al incluir esta medida en el famoso decreto ómnibus que PP, Junts y Vox tumbaron la semana pasada en el Congreso.

Y esa es la excusa que está utilizando el Gobierno asturiano para culpar al PP de la quiebra de Duro Felguera. «Que se haya caído el decreto ómnibus deja a Duro Felguera en una situación en la que puede entrar en causa de disolución», ha declarado la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de la comunidad, Nieves Roqueñí.

Y no sólo eso, sino que el Ejecutivo autonómico ha lanzado una campaña en todos los medios regionales afines. Incluso está instando a los trabajadores de Duro Felguera y a sus familiares a manifestarse en contra del PP, al igual que han anunciado que van a hacer los sindicatos en toda España.

Está quebrada sin esas pérdidas

La realidad es que esa exención contable no dejaba de ser un falseamiento de la realidad y un aplazamiento de lo inevitable en el caso de Duro Felguera. Porque, sin contar con las pérdidas de la pandemia, ya tiene un patrimonio neto negativo de 254,8 millones tras la reexpresión de las cuentas una vez que se ha incorporado una provisión de 99 millones que le exigió la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la reclamación de casi 400 millones de su cliente argelino Sonelgaz.

Además, como es bien sabido, la crisis de la empresa viene desde mucho antes de la pandemia y no tiene ninguna posibilidad de recuperarse por la espiral negativa en la que ha entrado. Lejos de mejorar sus ingresos, este mes ha perdido un contrato ya adjudicado en Canadá y ha tenido que dejar una obra a medias en Portugal por falta de recursos para ejecutarla. Es decir, con moratoria o sin ella, la situación de Duro Felguera no tiene solución.

Como adelantó OKDIARIO, dada su crítica situación y que la banca le cerró el grifo hace meses, necesita 100 millones de liquidez de forma urgente para no tener que cerrar. Esta situación se agrava con cada día que pasa, hasta el punto de que está teniendo dificultades para pagar la nómina de enero, que supone unos 5 millones de euros.

Por ello, no tiene más remedio que ejecutar un duro ajuste de plantilla, así como el cierre de los negocios que no son rentables. Estas medidas se están discutiendo con los principales accionistas de Duro Felguera, los mexicanos  Prodi y Mota-Engil, y la SEPI, que presumiblemente se hará con la totalidad del capital con la conversión de un préstamo participativo de 100 millones en acciones.

Aun así, probablemente no sea suficiente dada la gravedad de la situación de la empresa. Y ahí es donde vienen los problemas: la SEPI no puede inyectar más dinero porque, aparte de la elevada probabilidad de perderlo, también se consideraría ayuda de Estado por las autoridades europeas (el rescate de 120 millones en 2021 fue permitido por la suspensión temporal de las normas de ayudas por la pandemia).