Análisis

El programa del Gobierno de Sánchez e Iglesias aboca a subir los impuestos a las clases medias

Economista y analista del servicio de estudios del Think Thank Civismo.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Foto: EFE
Pedro Sánchez, en La Moncloa.

El acuerdo entre Podemos y el PSOE para la formación de gobierno es un hecho. Según se ha ido conociendo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líderes de las dos principales formaciones implicadas en el pacto (que no son las únicas, ya que también están las fuerzas nacionalistas e independentistas), ya tienen contemplado hasta el propio reparto de los ministerios y los sillones que ocuparán cada uno de los integrantes de este nuevo Gobierno de coalición.

Un Ejecutivo que viene con unas propuestas económicas bastante diversas, pero que han desatado la polémica y el debate en la sociedad civil. Iniciativas que van desde la derogación de la reforma laboral, hasta el famoso incremento de la presión fiscal a las clases más elevadas, que teóricamente proporcionaría un mayor incremento en la recaudación fiscal. Tampoco se deja atrás a los autónomos o las pymes, así como las subidas en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las pensiones. Una serie de propuestas que, como digo, prometen mucho, pero convencen muy poco.

Empezando por la derogación de la reforma laboral y acabando por las subidas de impuestos a los que cobran más de 130.000 euros anuales -clases altas para Sánchez e Iglesias-, el elenco de propuestas bajo el que han firmado el acuerdos las dos formaciones de izquierdas recoge, como decía el maestro Daniel Lacalle, una serie de propuestas muy vagas, pudiendo apreciarse como meras líneas de actuación.

Los primeros efectos negativos de las políticas económicas de Sánchez ya se observan en el empleo tras la subida del SMI. De hecho, la afiliación en aquellos sectores más vulnerables, como ya se avisó y hasta reconoció el secretario de la Seguridad Social, se ha visto muy mermada.

Entre las medidas más polémicas que encontramos en la declaración de intenciones que han firmado ambos partidos progresistas, podemos encontrarnos con una subida de impuestos supuestamente a las clases más elevadas. Es decir, un alza tributaria a aquellas personas que cobran más de 130.000 euros.

También saldrán penalizadas con la nueva legislación las pymes que facturan más de un millón de euros. Una medida polémica, pero que, ni comprando el argumentario y los números que proponen el programa, solventa una situación cada vez más insostenible en el país.

De acuerdo con los números que aporta el Gobierno de coalición, el supuesto impuesto a los ricos que pretenden aplicar Sánchez e Iglesias sumaría a las cuentas públicas apenas 338 millones de euros.

Sin embargo, la necesidad de sostener cifras tan elevadas de gasto público implican la necesidad de incrementar los impuestos indirectos, así como los directos a las clases medias. Impuesto indirectos y directos que van a tener que pagar todos los ciudadanos, incluidas esas clases medias a las que ambas formaciones dicen excluir de ese aumento en la presión fiscal. Subidas que, hasta en el caso de los autónomos, van a verse impuestas con las alzas en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El gobierno progresista, como se hacen llamar, pretende subir las cotizaciones a aquellos autónomos que se encuentran en el mínimo legal. Es decir, subir los costes de la cuota de autónomo a aquellos que se encuentren cotizando por la base mínima. Ahora bien, estamos hablando de que cerca del 70% de esos autónomos, los cuales cotizan por la base mínima. Un aumento que, en el caso de aquellos que posean empleados, con los aumentos en el SMI, tendrán que reajustar todas sus cuentas, ya que el incremento es bastante notable.

En resumen, estamos ante unas propuestas que, como digo, aclaran muy pocas dudas a la ciudadanía. España necesita mucha más actuación que la que ha propuesto este nuevo gobierno, pues, como digo, los números no salen ni en la propia calculadora de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Estamos hablando de que no se están diciendo políticas verídicas para solventar la situación, por lo que, lo que a priori dicen que pagarán otros, lo acabarán pagando como siempre todos los ciudadanos. Una política que puede ser muy legítima, pues subir los impuestos no es ilegal, pero que incumplirá de nuevo la palabra de determinadas formaciones políticas que se niegan a atender a la realidad económica del país.

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