Los países de la UE pierden hasta 70.000 millones de euros al año por falta de coordinación fiscal

El informe del Parlamento Europeo no puede ser más claro: las políticas agresivas entre Estados miembros y la falta de transparencia en su lucha por cautivar a las grandes multinacionales provocan la pérdida de entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos del Impuesto de Sociedades cada año. Como ejemplo para comparar, el presupuesto anual de todas las instituciones europeas es de 155.000 millones. Es decir, que entre un tercio y casi la mitad de lo que la UE dedica a la Política Agraria Común, los Fondos de Cohesión, atnción a los necesitados y refugiados, Política de fronteras e inversiones productivas, además de a su propio funcionamiento –sueldos, administración, etc- se va por el sumidero de la «falta de coordinación fiscal».

El documento, preparado por Claudio Collova, miembro del Servicio de Investigación de la Eurocámara, es muy crítico con la actitud de los países que conforman la Unión y, concretamente, de sus Gobiernos, que «han optado por subir las cargas impositivas a las rentas de las personas físicas» creando un «desequilibrio que ha llevado a la crítica pública y a la instisfacción» a los europeos de a pie.

En opinión de la Eurocámara, es preciso «darle coordinación, transparencia y convergencia a las políticas del impuesto de sociedades en Europa», no para dejar de competir, sino para hacerlo en igualdad de condiciones entre todos los Estados miembro. La UE siempre apuesta por salvaguardar los mercados de competencia, está en el ADN de las instituciones europeas que el mejor mercado es el que proporciona unas reglas claras y transparentes para todos los actores, y opina el autor que esto no se está cumpliendo, con la consiguiente pérdida injusta de ingresos.

El informe toma como base para analizar a las «grandes empresas» el mismo criterio que ya la UE aplica en sus normas sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, que se debe publicar para su estudio en compañías que superen los 750 millones de euros de facturación anual. Pero su propuesta de transparencia y coordinación fiscal se basa en ampliar los criterios: ampliarlo a firmas que facturen  más de 40 millones, con un balance de al menos 20 millones anuales y que cuenten con más de 250 empleados. Así considera el Europarlamento que el marco de actuación estaría más claro, dadas las diferentes características de los países, sus entornos económicos y las compañías, nacionales o multinacionales, radicadas en ellos.

Además, en cuanto a la tipología, se añaden los criterios para que pasen a estar incluidos en la propuesta de transparencia fiscal, a las compañías de crédito, de seguros, las cotizadas en cualquier país de la Unión y las designadas como de interés público. Todas ellas, sean cuales sean sus cifras de negocio y tamaño laboral.

Y es que el documento se sorprende explícitamente de que, desde que la Comisión Europea criticó a finales de enero que no hay «ninguna evaluación al respecto», no se haya atendido «la urgente demanda de una acción coordinada en la UE sobre este asunto de prioridad de política internacional».

Asume el texto que si se cumplen las recomendaciones del ‘informe Collova’ los Estados miembros verían grandes beneficios cuantitativos, tales como un sustancial «crecimiento económico y del empleo», mayor «eficiencia de los mercados» y un avance en la «competitividad en igualdad de condiciones» para todos los actores, es decir, las empresas y los países, y claro, por ende, los ciudadanos.

En todo caso, y teniendo en cuenta que la economía no es una ciencia estática, sino sometida a las corrientes dinámicas del desarrollo, admite el documento que sus previsiones son matizables, aunque los efectos cualitativos sí los considera indiscutibles, pues «aumentaría la confianza del público» y caería «la instisfacción social asociada a la sospecha de prácticas fiscales injustas».

El paradigma del ‘caso LuxLeaks’

Cabe recordar que el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue el impulsor de una serie de beneficios fiscales opacos para las empresas que decidieran radicarse en su país en los años (1995-2013) en los que él ejerció como primer ministro de Luxemburgo. Esa suerte de ‘vacaciones fiscales’ por las que las multinacionales pagaban sólo un 1% de los fondos que tributaban en uno de los Estados fundadores de la Unión fueron reveladas por la prensa al poco de asumir como presidente de la Comisión y de prometer «mayor moralidad y ética en el panorama fiscal europeo» en su discurso de apertura ante la Eurocámara.

Desde sus nuevas responsabilidades al frente del Gobierno europeo y, al menos por este compromiso de su presidente, y por el golpe a su imagen y a la legitimidad de su mandato que supuso el escándalo, bautizado como ‘caso LuxLeaks’, la Comisión ha tratado de luchar contra la crisis económica impulsando la armonización fiscal y las inversiones productivas con su conocido como ‘plan Juncker’, que prevé la inyección de 300.000 millones de euros hasta 2018 para reflotar las economías de la Unión.

Peor no sólo Luxemburgo es ‘reo’ de este tipo de prácticas. Tanto el Parlamento irlandés como el sueco se han negado a dar su aquiescencia para la publicación de la lista de paraísos fiscales de la UE, que impulsó el Parlamento Europeo. El informe critica los argumentos esgrimidos por ambas cámaras alegando principios de proporcionalidad y subsidiariedad, pues considera que son precisamente éstos los que obligan a la transparencia «en el marco del consenso internacional alcanzado por el G20».

Termina el texto señalando la «falta  de escrutinio público a los Estados miembros» en materia de coordinación y transparencia fiscal, «así como a las empresas transnacionales en el impuesto de sociedades» y lo achaca a «una completa ausencia de información pública». Según el ‘informe Collova’, «un ambiente de reglas fiscales complejas, de secreto fiscal y de falta de cooperación entre los países que integran la UE permite a las multinacionales reducir su contribución». Y exhorta a los gobiernos a dejar de «llenar esos vacíos» con el aumento de la presión fiscal a los ciudadanos.