La OCDE carga contra la reforma laboral de Díaz: «Es estricta y frena el crecimiento de la productividad»

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha criticado la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz en España, al considerarla «relativamente estricta» y un «obstáculo» para el «crecimiento de la productividad»en España, según desvela en su último informe Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartida en España.

Esta situación no sólo afecta la eficiencia operativa de las empresas, sino que también limita el potencial de crecimiento económico a largo plazo. «La regulación de la protección del empleo también puede ralentizar el proceso de reasignación eficiente de puestos de trabajo y, por tanto, el crecimiento de la productividad», reza el informe. En este sentido, «puede hacerlo reduciendo la facilidad con la que las empresas pueden ajustar el empleo en respuesta a las cambiantes condiciones empresariales» y «debilitando los incentivos de los trabajadores para trasladarse a empresas más productivas -un ejemplo de ello sería la pérdida de los derechos acumulados a indemnizaciones por despido-. Además, la rigidez en la regulación del empleo podría estar dificultando la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios económicos y tecnológico. Al respecto, el organismo afirma que la cuestión «clave» es si la protección del empleo logra el «equilibrio adecuado» entre «apoyar la reasignación de puestos de trabajo e incentivar el aprendizaje y la innovación en el lugar de trabajo». De hecho, «indicios» de que este proceso se ha vuelto menos eficaz con el tiempo en España, así como en muchos otros países de la OCDE.

Aunque el crecimiento de la productividad entre las empresas punteras haya seguido siendo sólido, preocupa su capacidad para hacerlo en el futuro, ya que «la innovación es más bien escasa». De hecho, España se encuentra entre los países de la OCDE que menos gastan en innovación. Sólo el 1,4% del PIB se destina a I+D, dos tercios de la media de la OCDE.

Además, las empresas españolas están a la cola en cuanto a «colaboración público-privada, innovaciones de procesos y gasto innovador no destinado a I+D», lo que conlleva a situar a España entre los países de la OCDE con menor proporción de empresas innovadoras. De hecho, en 2020, España contaba sólo con el 11% de empresas con actividades de innovación en curso, cuando la media de la OCDE se sitúa en torno al 24%. A este respecto, la organización señala en su informe que la colaboración entre empresas privadas e instituciones públicas de investigación puede ser un «enfoque eficaz» para promover la innovación.

«La industria y la sociedad civil podrían desempeñar un papel más importante en el sistema de gobierno de la universidad, y debe animarse a las empresas a contratar doctores», argumentan. A su vez, un «marco de evaluación reforzado» podría facilitar la financiación basada en los resultados. Dado el importante papel que desempeñan las comunidades autónomas en el diseño y la aplicación de la política de innovación, «la mejora de la colaboración entre las comunidades autónomas», pero también con el Ejecutivo, «podría aumentar la eficacia de las políticas de innovación a través de sinergias y desbordamientos de conocimiento», explican.

En esta línea, se destaca que otros países con regulaciones laborales más flexibles han logrado mayores niveles de productividad y adaptación económica. Por ejemplo, países nórdicos como Dinamarca y Suecia, conocidos por sus sistemas de «flexiguridad», combinan una protección social fuerte con un mercado laboral flexible, permitiendo así una rápida adaptación a las demandas económicas cambiantes.

En España, se han identificado múltiples obstáculos que han venido condicionando el tamaño y la demografía empresarial en nuestro país. Entre estos, cabe destacar aquellos relacionados con el elevado volumen y complejidad de la regulación -que, en ocasiones, generan también trabas a la unidad de mercado-, «la existencia de umbrales regulatorios asociados de manera arbitraria al tamaño de las empresas, el reducido acceso a fuentes de financiación no bancarias, el funcionamiento ineficiente de los procesos de insolvencia, y procesos de asignación de licitaciones públicas que hacen recaer estas, mayoritariamente, en empresas grandes», esclarece el Banco de España en su reciente memoria anual. Por tanto, la eliminación de estos «obstáculos» podría tener «efectos muy positivos» sobre el crecimiento de la productividad. -La equidad de las normativas en todas las comunidades, en línea con la Ley de Unidad de Mercado, podría ayudar a promover el crecimiento empresarial, al aumentar el tamaño efectivo del mercado, apoyar las economías de escala y reforzar la competencia entre empresas-.

Empresas ‘zombis’

Una cuestión relevante en nuestro país es la proporción «relativamente elevada» de empresas que ya «no son competitivas» pero siguen activas. Como es obvio, estas sociedades suelen mostrar bajos niveles de productividad, y su supervivencia continua «impide que los recursos fluyan hacia empresas más productivas», frenando el crecimiento de la productividad. De hecho, en un mercado que funciona bien, las empresas insolventes -‘empresas zombis’-, salen del mercado, lo que fomenta la creación de empresas y el espíritu empresarial.

Una de las razones por las que esto no ocurre en España, «podría estar relacionada con su régimen de insolvencia», destaca el informe de la OCDE. Un régimen de insolvencia «eficiente» anima a los empresarios a asumir el riesgo de crear una nueva empresa y se asocia «positivamente» con el desarrollo del espíritu empresarial y el crecimiento de la productividad.

La desaceleración en el crecimiento de la productividad en España ha sido especialmente pronunciada. En los últimos años, sólo ha alcanzado una media del 0,5% anual, frente al 1,2% del conjunto de la OCDE. Como consecuencia, el rendimiento de la productividad ha caído por debajo de la media de los países que se integran dentro del organismo, con importantes implicaciones para el crecimiento de los salarios reales y el nivel de vida. De hecho, el crecimiento de los salarios reales desde la década de 1990 ha sido cercano a cero, ya que no ha podido seguir el ritmo ni siquiera del débil crecimiento de la productividad. El débil crecimiento de los salarios reales no es sólo una señal de retraso en el crecimiento de la productividad, sino que también refleja otros factores, relacionados, por ejemplo, con cambios en la fijación de salarios debidos a una disminución del poder de negociación de los trabajadores o a efectos de composición debidos a la creciente concentración de las ganancias de productividad en las empresas intensivas en capital.