Novena condena a España en EEUU por los impagos a las renovables: 110 millones a Toyota que elevan la deuda a 836

Una nueva sentencia en contra del Gobierno español en Estados Unidos por los impagos a las renovables eleva ya la factura a pagar sólo en este país a 836 millones de euros. Mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su estrategia de no pagar los laudos perdidos en los tribunales internacionales de arbitraje para evitar abonar indemnizaciones millonarias a los fondos que invirtieron millones de euros en España al calor de las primas a las renovables aprobadas por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

De momento, los impagos a las renovables decretado por Sánchez, Teresa Ribera y Sara Aagesen están dando como resultado un reguero de sentencias en contra de España en tribunales ordinarios de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y hasta en Singapur, donde estos fondos ya tienen el visto bueno de los tribunales para embargar bienes españoles en esos países para cobrar sus indemnizaciones.

Sólo en Estados Unidos, el Gobierno español acumula ya una deuda de 836 millones de euros después de una nueva sentencia en contra, la novena. En esta ocasión se trata del caso de Eurus Energy, filial de Toyota. La resolución, firmada el 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, ordena hacer efectivo un laudo cuyo principal asciende a 106,2 millones de euros, a lo que deben añadirse intereses, costas arbitrales y otros conceptos reconocidos durante el procedimiento. La factura supera así los 110,1 millones.

El caso tiene su origen en las inversiones realizadas por Eurus en el sector eólico español al amparo del régimen de incentivos que España había establecido para atraer capital hacia las energías renovables, que fueron modificadas unilateralmente por los gobiernos entre 2010 y 2014.

Eurus acudió entonces al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral que le dio la razón, reconociendo a Eurus una indemnización de 106,2 millones de euros, además de intereses y costes asociados al procedimiento.

España intentó posteriormente anular el laudo. Sin embargo, el comité de anulación del CIADI levantó en junio de 2024 la suspensión que impedía su ejecución y terminó rechazando la solicitud española en julio de 2025. Tras este desenlace, Eurus acudió a los tribunales estadounidenses para convertir el laudo en una sentencia ejecutable en Estados Unidos. El proceso comenzó en junio de 2025 y ha terminado desembocando en la nueva decisión del Tribunal Federal del Distrito de Columbia.

El caso Toyota se une a otras ocho sentencias ya desfavorables para el Gobierno español. Las cantidades asociadas a esos ocho procedimientos son relevantes: Watkins ronda los 93 millones de euros; Antin, 125,1 millones; RREEF, 74 millones; InfraRed, 35 millones; NextEra, 290,6 millones; 9REN, unos 44 millones; Cube Infrastructure, 40,2 millones; y BayWa, 24,6 millones. Estas decisiones imponían a España la obligación de abonar 726,5 millones a los acreedores, cifra que ahora se incrementa en 110,1 millones con la decisión de Eurus, elevando la factura de las nueve condenas hasta los 836,6 millones.

La situación es cada vez más complicada para el Gobierno de Sánchez por su estrategia de los impagos a las renovables. Hay sentencias ya dictadas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia y, según datos de los fondos internacionales, en total suman 27 sentencias no abonadas que suman 1.750 millones de euros. Los impagos han elevado la factura con intereses de demora y gastos jurídicos, lo que dispara la deuda en otro 34%, por encima de los 2.000 millones.

El origen de esta deuda es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en energías renovables. Cuando llegó la crisis, el Ejecutivo de Zapatero decidió unilateralmente en 2010 reducir las primas a las energías fotovoltaicas, lo que originó el primer laudo contra España.

En 2012, cuando llegó al poder Mariano Rajoy, decidió también unilateralmente bajar las primas a todas las inversiones renovables, lo que originó numerosos arbitrajes en el CIADI de los fondos internacionales, a los que el tribunal le ha ido la razón.

El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esos laudos alegando que Europa los consideraba ayudas estatales, entre otros argumentos. Los fondos han acudido entonces a los tribunales ordinarios de países como EEUU, Reino Unido o Australia, que también les están dando la razón y forzando a España a pagar las indemnizaciones y a embargar bienes españoles en esos países si el Ejecutivo insiste en no pagar.