Los embargos a España en EEUU por los impagos a las renovables suben a 750 millones tras una nueva sentencia

Amenaza de nueva oleada de condenas contra España en Estados Unidos por los impagos a las renovables. La sentencia del pasado lunes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por la que tumbó el último argumento del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar los embargos de bienes españoles en el país por los impagos a las renovables, ha tenido ya la primera consecuencia.

Un juez del Distrito de Columbia ha dictado una Final Judgment en favor de la ejecución del laudo del Ciadi correspondiente al caso BayWa y reconociendo a los fondos acreedores un crédito de 25 millones de euros, que crecerán al acumular intereses de demora posteriores a la sentencia hasta el completo pago de la indemnización.

La deuda de España con los fondos acreedores por los impagos a las renovables sólo en Estados Unidos se sitúa tras esta nueva derrota en torno a 750 millones de euros -la cifra exacta depende de los intereses de demora-. Y ese es el valor de los bienes españoles que pueden ya embargar los fondos en Estados Unidos, como ya ha ocurrido en otros países como Holanda o Bélgica.

La resolución del caso, que gestiona Blasket Renewable Investments, llega apenas un día después de que el Supremo estadounidense cerrase la puerta al último intento de España de cuestionar la jurisdicción de los tribunales federales en estos procedimientos.

La rapidez con la que se ha producido este nuevo avance judicial pone de manifiesto la trascendencia de la decisión del Tribunal Supremo. Lo que hasta ahora era una disputa centrada en cuestiones jurisdiccionales entra en una nueva fase: la ejecución efectiva de los laudos y en la localización de activos susceptibles de embargo.

Los fondos han dejado claro que no van a parar y que la presión judicial sobre España está lejos de remitir. Al contrario, la negativa del Tribunal Supremo estadounidense a revisar el caso parece haber abierto una nueva etapa en la que un número creciente de acreedores podría acelerar el registro y ejecución de sus laudos en territorio estadounidense.

«La decisión del Tribunal Supremo cambia por completo el terreno de juego. Los acreedores ya no tienen que concentrar sus esfuerzos en defender la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, sino en ejecutar los laudos y recuperar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales», señalan fuentes próximas a los acreedores.

«Cada nuevo registro, cada nueva sentencia y cada nueva orden de discovery incrementa la presión sobre España. La cuestión ya no es si los laudos pueden ejecutarse en Estados Unidos, sino cuántos acreedores seguirán ahora esta vía y con qué rapidez lo harán. España no puede seguir incurriendo en este serial de impagos y debe zanjar de una vez esta bochornosa controversia que erosiona de forma devastadora su imagen y credibilidad internacional», recalcan.

A la deuda en Estados Unidos hay que sumar la que ya han dictado tribunales de otros países como Reino Unido, Australia o Bélgica. En total, los fondos acreedores calculan que la deuda total de España por los impagos a las renovables asciende a 2.300 millones de euros.

¿Por qué estas sentencias en diferentes países contra España? El origen de este conflicto se produce cuando en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. En 2011, con la crisis económica, decidió unilateralmente rebajar esas primas para las fotovoltaicas. Esto originó el primer arbitraje de los fondos internacionales contra España en el Ciadi, tribunal adscrito al Banco Mundial.

Cuando llegó al poder Mariano Rajoy en 2012, amplió unilateralmente los recortes a las primas a todas las inversiones renovables, lo que provocó una avalancha de arbitrajes contra España en el Ciadi, que les dio mayoritariamente la razón.

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagar esos laudos, apoyado por Bruselas, que considera esos pagos como ayudas de Estado. Los fondos acreedores acudieron en masa entonces a los tribunales ordinarios de países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, que están dando la razón a los fondos y abriendo la puerta a que embarguen bienes españoles en esos países.