Derrota final de España en EEUU por los impagos a las renovables: los fondos ya pueden embargar 730 millones

Golpe definitivo al Gobierno español en Estados Unidos por los impagos a las renovables. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la petición de amparo presentada por España, dejando firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y poniendo fin al último intento del Estado español de bloquear la ejecución de laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

La decisión del Supremo supone un golpe a la estrategia seguida por el Gobierno de España en los impagos a las renovables, donde ha preferido no pagar esos laudos y batallar en los tribunales ordinarios contra los fondos acreedores de esa deuda, que ya suma en total más de 2.300 millones de euros.

En Estados Unidos, los fondos tienen ya luz verde para continuar con los embargos de bienes españoles en el país. La deuda reconocida en los tribunales norteamericanos es ya de 730 millones de euros. Los fondos habían iniciado ese proceso de embargo centrándose en la Selección española de fútbol y su participación en el Mundial, pero un juez ha frenado esa estrategia al señalar que la Real Federación Española de fútbol no es una entidad pública y por tanto no es susceptible de pagar esas indemnizaciones.

España había solicitado la intervención del Supremo alegando que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos y cuestionando la interpretación realizada por el Circuito de Columbia respecto de la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). La negativa del Supremo a admitir este recurso se produce después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del Solicitor General, recomendara al tribunal que rechazase la petición española.

Con esta decisión concluye uno de los frentes judiciales más relevantes abiertos por España en su intento de evitar el pago de los laudos arbitrales firmes dictados al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Esta resolución supone una importante victoria para los inversores afectados por los cambios regulatorios retroactivos introducidos por España y refuerza el principio de que los laudos arbitrales internacionales firmes deben ser cumplidos y pueden ejecutarse mediante los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico internacional y nacional.

Esta decisión del Tribunal Supremo elimina uno de los principales obstáculos procesales que el gobierno español había tratado de plantear en Estados Unidos y abre una nueva etapa en los esfuerzos de ejecución emprendidos por los acreedores.

El frente de Estados Unidos es sólo uno de los que tiene abiertos el Gobierno de Sánchez por los impagos a las renovables. En Bélgica permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones en cuentas bancarias que también han sido intervenidas por los acreedores. En los Países Bajos se han iniciado procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.

En Australia, los tribunales han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España, por un importe conjunto superior a 400 millones de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado recientemente resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos relacionados con indemnizaciones superiores a 300 millones de euros.

El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en renovables. En 2011, con la crisis económica, redujo unilateralmente las primas a las fotovoltaicas, lo que provocó ya el primer laudo contra España en el Ciadi de los fondos acreedores.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, decidió unilateralmente reducir las primas a todas las inversiones renovables, generando una avalancha de arbitrajes contra España en el Ciadi, que les dieron mayoritariamente la razón.

El Gobierno de Sánchez decidió no pagar esos laudos arbitrales, lo que obligó a los fondos a denunciar a España en los tribunales ordinarios de países como EEUU, Reino Unido o Australia, que les están dando la razón y abriendo la puerta a los embargos.