La medida estrella del Gobierno para bajar la luz tiene muy difícil salir adelante en los tribunales

La luz marca este viernes el segundo precio más alto de la historia en 117,14 euros por MWh. El Gobierno apenas ha tomado medidas para abaratar el recibo eléctrico, y una de las pocas que ha adoptado tiene todas las papeletas para que la tumben los tribunales: se trata de la supresión de los ‘beneficios caídos del cielo’ (windfall profits) de hidráulicas y nucleares, que se tramitará en el nuevo curso parlamentario.

Diferentes fuentes del sector están convencidas de que la medida, impulsada por la ministra Teresa Ribera, tiene muy poco recorrido porque se opone a las leyes de la UE, que «consagran la libre competencia y no permiten discriminar unos productores de otros. Por eso también se fija el mismo precio de la leche o del trigo para todos los productores. La UE no permite a los países tocar el funcionamiento de los mercados», según una de ellas.

Las fuentes citan como precedentes dos medidas parecidas que intentó sacar adelante el ministro de Energía del Gobierno de Mariano Rajoy, Álvaro Nadal: el canon hidroeléctrico y el impuesto sobre el combustible nuclear, ambos tumbados por el Tribunal Supremo.

Intentar ‘colarlo’ como un impuesto

«La UE no te deja alterar los mercados pero sí poner impuestos. Así que Nadal disfrazó estas medidas de impuestos para ver si ‘colaban’, pero no colaron. Ahora Ribera puede intentar hacer lo mismo, pero le ocurrirá lo mismo que a las medidas del PP», señala otra fuente. El único tributo que pasó el corte del Supremo fue el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que pagan las empresas -pero repercuten en el precio para los consumidores- y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene intención de suprimir de forma permanente para abaratar el recibo.

Esta medida pretende que nucleares e hidroeléctricas (no el resto de renovables que tampoco emiten CO2, no se sabe por qué) devuelvan la diferencia entre su coste de generación de la electricidad y el precio que cobran por ella actualmente (el precio marginal), que es el que marca la energía más cara: las centrales de ciclo combinado de gas, que deben pagar derechos de emisión de dióxido de carbono. Por eso se llaman «beneficios caídos del cielo». Los principales perjudicados de este ‘hachazo’ serán Endesa e Iberdrola, propietarias de la mayoría de estas centrales.

El Gobierno anunció que «los ingresos originados como consecuencia de la minoración se destinarán a financiar los cargos del sistema eléctrico y a financiar las políticas de protección de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social», si bien no especifica cómo lo piensa hacer.

El protocolo nuclear y el problema de Portugal

Ya cuando anunció esta medida, los analistas de Banco Santander advirtieron de que se oponía al derecho comunitario y podía «ser tumbada fácilmente en los tribunales». Y no solo se trata de la legislación europea: «El protocolo nuclear firmado entre el Gobierno y el sector descartaba nuevos impuestos o cargas a las centrales nucleares. La tasa para devolver estos beneficios pueden poner este acuerdo en entredicho, y el Ministerio sabe que el sistema no puede sostenerse todavía si cierran las nucleares»

Otro problema para esta tasa es que el mercado de la electricidad no es solo español, sino ibérico: «Es dudoso que sea legal si Portugal no toma una medida similar; y, si no lo hace, la iniciativa de Ribera crearía unas distorsiones brutales que Bruselas no va a tolerar», según una de las fuentes.

En todo caso, la opinión generalizada en el sector es que esta medida no tendrá un impacto significativo en el recibo de la luz de los consumidores. Lo único que puede tenerlo es modificar el sistema de fijación de precios para moderar, al menos, su marginalismo -algo que han solicitado Francia y Alemania a la UE- o eliminar los cargos e impuestos que se incluyen en el recibo y que no tienen nada que ver con la energía consumida.