Mas quiere un impuesto a los depósitos bancarios y un salario mínimo de 1.000 euros

La propuesta de acuerdo presentada por Junts Pel Sí a las CUP supondría un importante aumento de la carga fiscal a la que tienen que hacer frente las empresas y los ciudadanos catalanes. La coalición de Artur Mas acepta las medidas anticapitalistas y de radicalidad ecológica al proponer impuestos a los depósitos bancarios, las centrales nucleares y a las empresas por contaminar. Además quiere subir el salario mínimo interprofesional.

El punto 34.VI de la propuesta de acuerdo propone “reinstaurar el impuesto sobre los depósitos bancarios”. Dicho gravamen fue creado por el Gobierno de Mas mediante Decreto-Ley en 2012 y era de 0,3% para los depósitos de hasta 150 millones de euros, del 0,4% a los de entre 150 millones y 600 millones, y de un 5% a partir de esta última cantidad. Con el objetivo de frenar la proliferación de este tipo de gravámenes en todas las comunidades autónomas (la pionera había sido Extremadura), el Gobierno de Rajoy creó uno estatal del 0%, después subido al 0,03%, que impedía los regionales al ser una doble imposición.

Pretende crear una nueva “Policía fiscal”

Mas respondió con una Ley en 2014 en el que se volvía a aprobar el impuesto autonómico. El Tribunal Constitucional dictó sentencia tanto contra el Decreto-ley de 201 como contra la Ley de 2014.

En del punto 34 del documento se establece la aplicación de los siguientes impuestos: sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, sobre la emisión de gases a la atmósfera por la industria y sobre la emisón de óxido de nitrógeno por la aviación comercial. Los efectos de esos gravámenes se notarían sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Un impuesto sobre la energía nuclear afectaría directamente a toda la electricidad producida en las tres centrales de ese tipo activas en Tarragona: Ascó I (propiedad de Endesa), Ascó II (de Endesa al 85% e Iberdrola al 15%) y Valdellós II (lEndesa al 72% e Iberdrola al 28%). Esto supondría un encarecimiento inmediato de dicha electricidad, que necesariamente repercutiría en la factura que pagan los consumidores.

El gravamen sobre la contaminación de las empresas supondría un aumento inmediato de los costes de la producción de bienes por parte de esas empresas. De esta manera, si se repercute en el precio a los consumidores, estos saldrán más caros. Si no se hace así se pone en riesgo numerosos puestos de trabajo ante la necesidad de abaratar la producción o incluso por ser inviable la continuidad de muchas compañías.

En cuanto a los gases emitidos por la aviación comercial, el impuesto que se le quiere imponer supondría que aquellos pasajeros que quisieran volar desde un aeropuerto catalán, o con destino a alguno de ellos, vería incrementado el precio de sus billetes.

Policía fiscal y salario mínimo

E igual que quiere meter nuevos impuestos, pretende crear una nueva “Policía fiscal”. Según el punto 35.! del documento estará “especializada en el fraude fiscal de mayor transcendencia y que colaborará con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal en la persecución de la delincuencia económica”.

La creación de un “nuevo salario mínimo catalán” con una “equivalencia aproximada” de 1.000 euros mensuales está contemplada en el punto 14. El salario mínimo no sería una novedad para Cataluña, pero sí supondría un importante incremento de su cuantía al aumentar en más de 240 euros los 756,70 euros mensuales actuales. El coste no sería en la factura de determinados bienes o servicios. Se reflejaría en un importante aumento del paro debido a la expulsión de miles de personas con baja calificación, que aportan poco valor añadido, del mercado laboral.