Los inspectores de Hacienda cargan contra el regalo fiscal a ERC: «Perjudica la lucha contra el fraude»

Los inspectores de Hacienda cargan de nuevo contra el regalo fiscal de Sánchez a ERC y consideran que es inconstitucional y que dificultará la lucha contra el fraude. El portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, ha insistido este miércoles que su sector se sitúa «radicalmente en contra» de «lo que llaman el concierto económico con Cataluña», y ha subrayado que dicho concierto provocaría «graves perjuicios» en diversos asuntos como «en el funcionamiento de la Agencia Tributaria» en general.

Los inspectores de la AEAT ya se han pronunciado al respecto en numerosas ocasiones. Ana de la Herrán, presidenta de la organización de profesionales, declaró a OKDIARIO el pasado noviembre que «la base está en la Constitución». «La Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco tienen sus leyes específicas donde se recogen cuáles son sus impuestos o cómo los recaudan. Si Cataluña quiere un régimen especial, como en esos casos, hay que reformar» la Carta Magna.

Ahora, el portavoz vuelve a insistir en esta idea, justo después de desvelar este periódico que un informe elaborado por los técnicos del departamento de María Jesús Montero sostiene que estos «privilegios económicos no caben dentro de la Constitución».

Los inspectores de Hacienda en contra

Así lo ha manifestado José María Peláez en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha añadido que desde la asociación de inspectores de Hacienda piensan que ese «régimen nuevo» para Cataluña «es inconstitucional», porque «la Constitución regula los regímenes especiales del País Vasco y Navarra», mientras que «el resto de comunidades autónomas», incluida la catalana, queda dentro de «lo que se llama el régimen común».

En esa línea, el portavoz de la asociación de inspectores ha denunciado que «este concierto económico supone sacar a Cataluña de ese régimen común, atribuyéndole la cesión del 100% de los impuestos recaudados» en la comunidad autónoma, algo que, según ha incidido, «no está previsto ni en la Constitución ni en la ley orgánica que desarrolla el sistema de financiación de comunidades autónomas, la Lofca».

Sobre «los graves perjuicios que se producen en el funcionamiento del sistema tributario» con ese concierto, José María Peláez ha comentado que «se rompería el sistema de información tributaria básico para, por ejemplo, hacer las devoluciones de renta, los censos tributarios, comprobar las actividades económicas», además de que «se rompería el sistema de caja única».

«Pero sobre todo estamos alarmados por las consecuencias graves que se producirían en el funcionamiento de la Agencia Tributaria» con este concierto, ha continuado señalando el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha remarcado que el acuerdo entre el PSC y ERC contempla «el traspaso de todos los funcionarios, todos los medios materiales, todos los ordenadores, todos los edificios, absolutamente todo lo de la Agencia Tributaria» estatal «a la Agencia Tributaria catalana», lo que «supone la desaparición de la agencia tributaria estatal de Cataluña, el fraccionamiento» de la misma.

Perjuicios en la lucha contra el fraude

Peláez ha destacado que esta situación podría tener serias consecuencias económicas, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal, que se vería significativamente afectada. Según el representante, este debilitamiento no solo impactaría en la recaudación y control fiscal, sino que también afectaría negativamente la prestación de servicios sociales.

La Agencia Tributaria juega un papel crucial en la implementación de las políticas sociales del Estado, funcionando como un instrumento clave para la distribución de ayudas. A través de diversas deducciones fiscales, la Agencia facilita el pago de prestaciones importantes como las ayudas a madres trabajadoras y el Ingreso Mínimo Vital, entre otros beneficios sociales. Estos mecanismos de soporte, que dependen en gran medida de la eficacia de la Agencia Tributaria, podrían verse comprometidos, lo que generaría un retroceso en la capacidad del Estado para atender a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables.

Respecto a la lucha contra el fraude fiscal, ha abundado que los inspectores lo combaten «utilizando fundamentalmente la información» que existe en la base de datos de la Agencia Tributaria, y en el momento en que esto se llevara a cabo, Cataluña va a tener su propia base de datos tributaria, algo que ya ocurre en el País Vasco y Navarra, según ha apostillado.

El portavoz de la asociación de inspectores ha agregado que dicho colectivo, cuando persigue fraudes, sobre todo los sofisticados, como tramas de facturas falsas, que son investigaciones complejas y que duran mucho tiempo, no se puede distinguir entre comunidades autónomas, porque las organizaciones que se dedican a ello crean varias sociedades por distintas regiones.

«En el momento que, por ejemplo, Cataluña cree su base de datos tributaria y no tengamos información de las empresas, de los administradores, de la actividad económica que se hace allí, automáticamente todas esas investigaciones se van a ver perjudicadas», por lo que «tenemos clarísimo que, sobre todo el fraude sofisticado, se va a ver perjudicado», según ha aseverado José María Peláez.