Un informe interno de Hacienda desmonta el regalo fiscal de Sánchez a ERC: «No cabe en la Constitución»
Cataluña recaudará, gestionará y fiscalizará todos los impuestos que se generen
La «singularidad fiscal» que incluye el pacto entre el PSOE y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa no le encaja ni siquiera al Ministerio de Hacienda. Un informe elaborado por los técnicos del departamento de María Jesús Montero sostiene que estos «privilegios económicos no caben dentro de la Constitución».
En uno de los documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, que aborda la foralidad de algunos territorios -y previo al acuerdo- los expertos de Hacienda analizan el principio de equidad de las comunidades autónomas.
«De la Constitución parece desprenderse el necesario reconocimiento de los hechos financieros foral e insular, nada más, por cuanto la propia norma fundamental taxativamente restringe incluso al bloque de constitucionalidad la aprobación de privilegios económicos», reza el informe elaborado por Hacienda.
Así, el apartado del acuerdo entre PSOE y ERC que ha provocado más polémica prevé que Gobierno y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación «singular» para Cataluña en una comisión bilateral, prevista para el primer semestre de 2025. Este pacto no usa el término «concierto económico», si bien ERC defiende que lo pactado puede definirse así, y hace referencia a acometer «las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca)» para alcanzar este nuevo modelo, lo que requiere del aval del Congreso.
Cataluña asumiría de forma progresiva la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la disponibilidad de «todos los impuestos soportados en Cataluña». Además de abonar -mediante un sistema similar al cupo- una cantidad a determinar por los servicios que presta el Estado en la comunidad, Cataluña acometería un aporte a la «solidaridad» con el resto de autonomías limitado «por el principio de ordinalidad».
Según este informe de Hacienda, quedaría, por tanto, fuera de la Constitución el establecimiento de «privilegios económicos» que arrojasen una «financiación inconmensurablemente superior cuando el resto de regiones careciere de idénticas potestades».
Esta desigualdad es uno de los principales problemas del pacto, que ha llevado a muchos presidentes autonómicos a alzar la voz. En virtud de ese acuerdo, Cataluña gestionará los impuestos que se generen en la región. A cambio, aunque no se aclara cómo se va a calcular, Cataluña abonaría una «cuota de solidaridad» a la caja común para que el resto de las regiones menos ricas puedan ofrecer los mismos servicios públicos.
El problema es que no se sabe cómo se va a calcular ni quién va a tener que sufragar los fondos que deja de aportar Cataluña a la caja común. La Comunidad de Madrid es la región que más fondos aporta y, si la salida de Cataluña se produce, será la única que sustente al resto de regiones -con una mínima aportación de Baleares-. Cataluña aporta a este fondo algo más de 1.500 millones, por los 4.500 de Madrid.
Pero, de momento, todo son incertidumbres sobre cómo piensa el Gobierno llevar a cabo este regalo fiscal a Cataluña y cómo va a afectar al resto de regiones. Por eso, algunas comunidades han pedido a Montero que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este cambio de las reglas del juego comunes por el pacto de dos partidos.
Montero cambia de opinión
Cabe recordar que la ministra de Hacienda se posicionó en contra del cupo catalán hace poco más de un mes, el pasado 15 de julio. Montero calificó la propuesta de ERC como «una suerte de concierto catalán», y aseguró no compartirla, al igual, dijo, que el PSC.
Además, siendo consejera de Andalucía, Montero reclamó más dinero para esa región, y ahora se dispone a impulsar que Cataluña salga del régimen fiscal común, algo que choca con la Constitución -según sus expertos- y que va a restar fondos al resto de regiones. Según el PP, y también un primer estudio de Fedea, el acuerdo de Sánchez con ERC obligará a subir el IRPF al resto de españoles o a gastar menos en sanidad, educación, defensa o pensiones.