El Impuesto a las grandes fortunas provocará un éxodo de capitales a Portugal donde sólo pagarán un 20% de IRPF

El impuesto a las grandes fortunas anunciado el pasado jueves por el Gobierno, al que ha llamado impuesto de solidaridad, y que afectará a 23.000 personas, provocará un éxodo de los grandes tenedores de rentas hacia Portugal y Andorra, que tienen una fiscalidad muy atractiva y donde el colectivo de antiguos residentes en España se ha duplicado en los últimos tiempos, según vaticinan los expertos consultados.

Portugal tiene un régimen para no residentes no habituales por el que se paga un tipo único del 20% por los ingresos obtenidos en el país mientras que las rentas conseguidas fuera están exentas en aplicación del convenido en vigor para evitar la doble imposición con España.

La medida diseñada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está especialmente dirigida contra Madrid, que tiene bonificado el Impuesto de Patrimonio, Andalucía -que ya ha comunicado que lo suprimirá el próximo año- y otras autonomías gobernadas por el PP como la de Galicia que plantea mejorar las actuales condiciones de tributación, aumentando hasta el 50% la bonificación actual.

Según el Instituto de Estudios Económicos, que es el órgano de análisis de la patronal CEOE, «se va a producir una deslocalización brutal de contribuyentes». A su juicio, el Gobierno no ha reparado en que el tipo de ciudadanos a los que castiga el nuevo tributo es el que menos problemas tiene y al que más compensa cambiar de residencia en función de la fiscalidad. «En Madrid, por ejemplo, se han instalado desde hace tiempo mexicanos, venezolanos y otros ciudadanos acaudalados procedentes de otros países hostigados por los impuestos y la falta de seguridad jurídica a los que cuando entre en vigor la nueva norma les compensará buscar otros territorios más favorables».

«Y es un despropósito porque estos residentes en España consumen por encima de la media, pagan el impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente, suelen tener segundas residencias que, de una u otra manera, tributan en el impuesto sobre la Renta, y en gran parte crean empresas y generan empleo, es decir, que provocan por muchas vías mayor recaudación».

Según el Círculo de Empresarios, los altos patrimonios que han recalado en España lo han hecho buscando el cobijo de la Unión Europea y la certidumbre jurídica. «Si cambian las circunstancias, se irán hacia lugares donde puedan recobrarla. Pero el problema más importante no es que se vayan los que ahora están, sino los que pudiendo venir no lo harán debido al cambio de las reglas fiscales».

Todo el movimiento legislativo improvisado por el Gobierno surge después de que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, haya decidido suprimir el Impuesto de Patrimonio en 2023, y se ha acelerado desde que Ximo Puig, el responsable de la Comunidad Valenciana, comunicó una rebaja de la fiscalidad a los perceptores de rentas de menos de 60.000 euros. Una medida que ha ido contaminando a otros barones socialistas como Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, puede persuadir a otros y ha desbaratado la estrategia del presidente Sánchez. «Tiene toda la pinta de que el impuesto sobre las grandes fortunas va destinado a disuadir de ir por libre a otras autonomías gobernadas por barones socialistas», de acuerdo con los medios consultados.

Tanto el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como Isabel Díaz Ayuso, al frente de la Comunidad de Madrid, han insistido durante la mañana del viernes que los únicos beneficiados por los planes del Gobierno serán otros destinos, como Portugal o Irlanda en el caso de las empresas.

Tanto del Círculo de Empresarios como el Instituto de Estudios Económicos critican, además, la decisión de limitar al 50% la capacidad de las compañías de compensar las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores con los beneficios presentes o futuros, que hasta ahora no tenía ningún tipo de limitación. «Es una estrategia radicalmente contraria a la seguida por Alemania y otros países de nuestro entorno». «En España hay empresas que todavía arrastran pérdidas desde la crisis financiera de 2008 y que han mantenido el tipo a la espera de una mejora de la coyuntura», aseguran los medios consultados.

«Otras han conservado el empleo incluso estando en pérdidas, en ocasiones por las dificultades de encontrar mano de obra. Por eso, esta decisión de limitar la capacidad de compensarlas estrecha a futuro su solvencia y convierte a las empresas en mucho más vulnerables», asegura el Instituto de Estudios Económicos. Por otra parte, el incremento de los tipos para las rentas del capital encarecerá el coste de financiación de las sociedades y el castigo fiscal decidido para los dividendos será otro de los efectos disuasorios para la atracción de inversiones a España, apuntan los citados medios.