Una huelga desata una guerra entre Fomento y Cataluña por las competencias de El Prat

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Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. (Foto: EFE)

Los servicios de limpieza del aeropuerto del Prat se encuentran en huelga por una precarización de su empleo, y han desatado, de rebote, una guerra entre el ministerio de Fomento y la Generalitat de Cataluña. El motivo: nadie sabe quién tiene que dictar los servicios mínimos.

Íñigo de la Serna, flamante ministro de Fomento, y Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, se encuentran inmersos en un conflicto que nadie sabe resolver. La historia comienza cuando los trabajadores de la empresa Valoriza –encargada de la limpieza de El Prat desde febrero-, anunciaron una huelga porque entendían que la empresa, filial de Sacyr, precarizó sus empleos tras la adjudicación del concurso de limpieza del aeropuerto catalán.

Una vez anunciada la huelga, la Generalitat de Cataluña envió un comunicado en el que advertían a los trabajadores de los servicios mínimos que tenían que tener durante los días de protesta. Sin embargo, unas horas más tarde Valoriza recibe otro comunicado, esta vez de parte del ministerio de Fomento, en el que se les anuncia otros servicios mínimos, y en el que se hace especial hincapié en que es su orden la que se tiene que llevar a cabo, y no la de la institución que preside Carles Puigdemont.

Al final, según ha señalado la empresa a OKDIARIO, hicieron caso, en un primer momento a lo dictado por la Generalitat y, una vez recibieron el mandato de Fomento, a la cartera que dirige de la Serna.

Desde la institución autonómica catalana explican a este periódico que la empresa "ha hecho mal al hacer caso a Fomento", toda vez que “estas decisiones son de la Generalitat, como llevamos haciendo en este tipo de conflictos en el aeropuerto desde hace años”.

“La novedad –según explican desde el organismo catalán- ha sido que en esta ocasión también los ha dictado el ministerio”. Desde la cartera de fomento alegan que las instalaciones aeronáuticas son de competencia estatal, pero la Generalitat esgrime que “los espacios comunes, como pueden ser los pasillos, las papeleras o los lavabos, sin vinculación a la seguridad aeronáutica, corresponde a la Comunidad Autónoma”.

Vueling
Avión de Vueling aterrizando en el Aeropuerto de El Prat (Foto: GETTY).

Así las cosas, mientras que desde Fomento aseguran que el aeropuerto en su totalidad es de competencia estatal, no lo cree así la institución que controla Puigdemont. En este sentido, el Departamento de Trabajo como autoridad laboral catalana considera que “una huelga de empleados de limpieza en este tipo de instalaciones, que son de paso, nada tiene que ver con la seguridad aeronáutica de todo un aeropuerto que sí que se entiende que es de competencia estatal”.

Desde este periódico, por cierto, ha sido imposible que quede claro. Desde Fomento nos decían que nos dirigiéramos a Aena, desde Aena nos envían a Valoriza, desde Valoriza a la Generalitat y desde esta última a Fomento. Vamos, que esto es jugar al gato y al ratón.

Motivo del conflicto

La adjudicataria del servicio de limpieza del aeropuerto es Valoriza desde el mes de febrero. Aena sacó un concurso y esta empresa presentó una oferta que estaba en 1,4 millones de euros por debajo de lo que sacó el gestor de infraestructuras; algo que desde la plantilla ya adelantaron que podría acarrear problemas, porque “al final los 350 trabajadores que trabajamos aquí valemos X, y si se presenta menos, tarde o temprano habría problemas”.

“La empresa lo que hace es presentar a sus trabajadores un expediente de modificación de condiciones, con una gran precarización de nuestro trabajo e incluso dejándonos sin vacaciones. Motivo por el cual comenzamos una huelga”, señalan fuentes sindicales a este digital.

Viajeros en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárrez (Foto: GETTY).

“La empresa impondrá este expediente a partir del 1 de enero” y “no estamos de acuerdo”, alegan los trabajadores, que creen que “los concursos tienen que salir por su precio para que no vengan las empresas a bajar estos concursos para que luego sean los trabajadores los que pongan ese dinero”.

“Valoriza realizó una oferta de 1,4 millones a la baja para quedarse con la concesión. Ahora, cuando se hace evidente que no puede cumplir con los gastos de personales ofertadas, ha decidido vía artículo 41 de modificación sustancial de las condiciones laborales acabar con los derechos laborales y sociales alcanzados: afectación del cuadro horario, no permitió hacer vacaciones los meses de julio y agosto, no pagar los festivos trabajados, imposición de reducciones de jornadas, etc”, alegan desde UGT.

Desde Valoriza, por su parte, explican que los 1,4 millones de euros menos que presentaron en el concurso son “un 4% inferior a la oferta final, de 36,3 millones de euros por tres años de servicio”. En este sentido, desde la filial de Sacyr explican que “la empresa ha ofrecido racionalizar los horarios para adecuarlos al servicio impuesto por el aumento de tráfico”, pero “los trabajadores no han querido porque los sindicatos se han negado a negociar”. “No hay ni merma salarial ni de derechos”, alegan desde Valoriza.

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