Negociaciones in extremis

La guerra de Irán lleva a la insolvencia a tres aerolíneas rescatadas y deja en el aire la devolución de 265 millones al Estado

Volotea, Albastar y Plus Ultra están enfrascadas en negociaciones con sus acreedores y anuncian despidos o reducciones de plantilla

aerolineas, plusultra, sepi, iran
Plus Ultra aún debe al Estado los 53 millones del rescate

En las próximas semanas y meses, el Ministerio de Economía —el de Carlos Cuerpo primero y el que salga de las elecciones después— va a tener que echar el resto para negociar la devolución de los rescates que le dio a un puñado de aerolíneas durante la pandemia, unas operaciones que el Gobierno tiró adelante con la excusa de salvar a empresas «estratégicas» —al menos en el caso de los préstamos que dio la Sepi— y que con el tiempo se le han vuelto en contra.

La razón de esto último no es otra que la guerra de Irán, pues la mala suerte ha querido que ese conflicto, que se ha llevado por delante las cuentas de resultados de todo el sector aéreo, coincidiera en el tiempo con las fechas de extinción de la mayor parte de esos créditos. En total fueron siete los rescates concedidos, pero los únicos cuya devolución está en el aire en este momento son los de Plus Ultra, Volotea y Albastar, que juntas todavía le deben más de 265 millones de euros al Estado.

Como ya se ha avanzado, la clave está en el conflicto del Golfo Pérsico y su efecto sobre los precios del queroseno. Todas las aerolíneas del planeta han acusado el golpe, pero lo que para gigantes como IAG (la matriz de Iberia) ha supuesto apenas una reducción de su margen de beneficio (el grupo ganó un 16% menos entre enero y septiembre de este año), para otras se ha traducido en un quebranto insuperable.

En esa categoría entran las tres empresas mencionadas, pues todas ellas han tenido que ir directamente al preconcurso o concurso de acreedores. A partir de ahí, está por decidir si este descalabro y el posible efecto que pueda tener sobre la hacienda pública es achacable únicamente a la crisis energética o si también mediaron la mala gestión por parte de los directivos —como opinan los sindicatos en el caso de Albastar- o un uso demasiado generoso del dinero público por parte de Moncloa, que es exactamente lo que sucedió con Plus Ultra.

Este último caso es sin duda el más gravoso, pues en 2021 el Gobierno consideró que se trataba de una empresa «estratégica» pese a que solo tenía cuatro aviones y le prestó 53 millones de euros a través de la Sepi (dependiente de Economía), en una operación, por cierto, que puso sobre aviso a la Justicia y ha permitido iniciar una investigación que sitúa a la firma en el centro de una supuesta trama de tráfico de influencias encabezada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ahora imputado en la Audiencia Nacional.

Un lustro después, la aerolínea ahora presidida por Hugo Castaño, el sustituto del imputado Julio Martínez Sola, se ha visto obligada a anunciar un ERE que afecta a casi toda su plantilla (679 empleados) y a declararse en preconcurso de acreedores. Como ya explicó OKDIARIO, lo cierto es que la cúpula directiva ya admite que no podrá devolver los 53 millones que le concedió el Gobierno. Nada extraño, pues Plus Ultra ha tenido que pedir el aplazamiento de los primeros 19 millones de euros que le tocaba devolver este año, y a esta hora genera muchas dudas que pueda satisfacer la cantidad adeudada, visto que se encuentra en una situación de «asfixia de liquidez» (en palabras de la dirección).

Hasta ahora, todos los intentos de la aerolínea por encontrar un inversor han fracasado, así que cada vez es más probable que la firma tenga que pasar a manos de la Sepi, cosa que sucedería automáticamente en caso de impago porque esta última tiene en garantía el 51% de las acciones. 

En concurso de acreedores

La lista sigue con Albastar, cuya gestión también ha quedado en tela de juicio, en opinión de los sindicatos, tras declararse en concurso de acreedores cuando aún tiene 15 millones de euros pendientes de devolver; en este caso, no a la Sepi sino a Cofides, la compañía público-privada (el Ministerio de Economía tiene la mayoría) que en 2021 alumbró la creación del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid (Fonrec), un instrumento temporal ideado por el Gobierno para canalizar las ayudas a las pequeñas y medianas empresas.

En opinión del sindicato de pilotos Sepla, la gestión que se ha hecho de esta aerolínea desde que recibiera el rescate en 2022 es el perfecto ejemplo de todo lo que no se debería permitir en una compañía que ha sido regada con dinero público. Los trabajadores denuncian que en este tiempo no se han cumplido las inversiones comprometidas para garantizar su viabilidad, en un fiasco que empezaría con la llegada de Sherpa Capital como principal accionista.

La entrada de un inversor cualificado era precisamente una de las condiciones para el préstamo de Cofides, y según los pilotos, el fondo Sherpa no era un buen candidato por su «absoluta falta de conocimiento y experiencia en el sector aéreo», hecho que explicaría la retahíla de negligencias que se habrían producido en estos años: priorización de los resultados a corto plazo, aplazamiento de decisiones clave que debían revitalizar la empresa, continuos cambios en el departamento financiero, salida de profesionales cualificados e incluso un sonoro chasco en un contrato para la argentina Flybondi.

En opinión de Sepla, la mayor demostración de esta dejadez es el hecho de que, ya antes de que se iniciara esta crisis inflacionaria, los resultados comerciales estaban por debajo de «lo deseable».

Rescate de 200 millones

Cierra el grupo Volotea, que en 2022 se benefició de un rescate de 200 millones de euros de manos de la Sepi y, a pesar de ello, en todo este tiempo no ha logrado remontar el vuelo, tanto es así que al cierre de 2025 la firma notificó unas pérdidas de 62 millones de euros. Luego llegó la guerra de Irán, ya en febrero de 2026, un conflicto que para esta aerolínea se ha traducido en un sobrecoste de 150 millones de euros y le ha obligado a solicitar el preconcurso de acreedores.

Pese a todo, de las tres compañías, esta es la que parece tener un futuro más despejado, entre otras cosas porque ha definido con claridad la estrategia que va a emprender para salir con vida del proceso de reestructuración, que irá de la mano de una reducción tanto de los aviones -prevén pasar de los 45 que tenían el verano pasado a entre 30 y 35- como de la plantilla, además de una revisión de las rutas.

El objetivo de esto, claro está, es convencer a los acreedores, entre los que se cuentan un puñado de bancos, la Sepi, el Ministerio de Transición Ecológica (al que debe 70 millones de euros en derechos de emisión de CO2 pendientes) y la griega Aegean, que además es uno de los inversores principales de la aerolínea.

 

Lo último en Economía

Últimas noticias