La Guardia Civil carga contra el Gobierno: el tabaco ilegal es una «lacra» que cuesta 467 millones al Estado

El contrabando de tabaco ha dejado de ser un fraude menor para convertirse en una de las principales vías de financiación del crimen organizado. Con el objetivo de dar visibilidad a esta problemática, OKDIARIO ha recogido el testimonio de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

La Asociación alerta de que este negocio ilegal ya provoca unas pérdidas de 467 millones de euros en ingresos fiscales en España y advierte de que detrás de este fenómeno operan redes vinculadas al blanqueo de capitales y otras actividades delictivas. 

Mientras el consumo de tabaco ilegal alcanza el 10,2%, su nivel más alto desde 2017, la organización reclama reforzar los medios y el marco legal para frenar un mercado ilícito que, a su juicio, amenaza la seguridad y perjudica tanto a las arcas públicas como a los negocios legítimos.

Si miramos al conjunto de la Unión Europea, el consumo de cigarrillos ilegales ascendió a 38.900 millones, con unas pérdidas fiscales estimadas de 14.900 millones de euros.

Mercados ilegales de tabaco

En este sentido, Antonio Fernández Capilla, portavoz de la AEGC, señala que Andalucía es una de las regiones más afectadas, teniendo en cuenta que los grupos criminales no operan en mercados aislados. En este sentido, las mismas redes implicadas en tráfico, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, explotan cada vez más oportunidades en los mercados ilegales de tabaco. 

El portavoz subraya que nueve de las diez ciudades con mayor contrabando son andaluzas. En Sevilla, Málaga, Huelva, Marbella, Cádiz y Algeciras, dos de cada diez cigarrillos que se consumen están fuera de los círculos legales. No es una casualidad geográfica; es la misma zona donde el narcotráfico tiene su mayor implantación logística. 

La falta de medios, efectivos y decisiones políticas está favoreciendo que las redes de contrabando actúen con mayor impunidad que hace unos años. 

Las operaciones aumentaron un 52% en sólo un año pese a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la Guardia Civil realizó 8.300 inspecciones y 7.424 incautaciones de productos ilegales, desmantelando 14 fábricas clandestinas y confiscando más de 6 millones de cigarrillos ilegales.

Una «lacra» para la nación

«Es imprescindible el refuerzo de los medios materiales, humanos y los instrumentos legislativos nacionales y europeos para luchar contra esta lacra», añaden desde la AEGC. 

Pero esto no sólo afecta a las finanzas públicas, también a los negocios legítimos y a las comunidades locales, mientras fortalece a las redes criminales dedicadas a este y otros negocios como el narcotráfico o el blanqueo de capitales. 

Poniendo un ejemplo reciente, las autoridades desmantelaron recientemente una fábrica ilegal a gran escala en Cataluña capaz de producir 900.000 cigarrillos al día, evitando unas pérdidas estimadas de 30 millones de euros a las finanzas públicas, sólo en esta operación.

En esta línea, el portavoz denuncia que las organizaciones criminales son cada vez más sofisticadas y utilizan drones, embarcaciones rígidas y redes logísticas más complejas para mover mercancías ilegales. 

Avances gracias a la IA

Desde 2022, han eliminado más de 8.000 anuncios ilegales de tabaco en Internet gracias al uso de la inteligencia artificial y macrodatos, con una tasa de éxito del 98% en 2024.

También se han suscrito protocolos de colaboración público-privados en la mesa del tabaco y el número de operaciones de las FCS es cada vez mayor, pero los datos crecen de forma exponencial y «debemos poner coto para evitar esa consolidación del crimen organizado en nuestro país al amparo y bajo el refugio de esta actividad del contrabando», añade Fernández. 

Con el fin de frenar esto, la Guardia Civil lanza un mensaje urgente a las autoridades: «Nuestra lucha con las narcolanchas en el Estrecho está perdida mientras nos superen en velocidad y tecnología y nuestra capacidad operativa se encuentre limitada por cuestiones legales o de directrices insuficientes». 

Desde la asociación precisan un marco legal más firme, revisando las penas por este tipo de delitos y dotando a los juzgados y tribunales del personal necesario, especialmente en las costas andaluzas y el Campo de Gibraltar, para atender la multitud de causas pendientes y avanzar en una regulación comunitaria más ambiciosa. 

Además, la Asociación exige el  reconocimiento de profesión de riesgo a sus guardias civiles y policías nacionales, que se juegan la vida en la lucha contra estas redes de contrabando y narcotráfico. «No es un capricho sindical o social, es una petición de Justicia», añaden.