El relato falso del Gobierno y la afiliación en España: 4 de cada 10 son regularizados y apenas aportan cotizaciones al sistema

El Gobierno vuelve a presumir de récord de afiliación mientras la regularización masiva de inmigrantes empieza a revelar qué hay detrás de una parte sustancial de ese aumento. Más cotizantes, pero no necesariamente más empleo nuevo ni de mayor calidad. Los datos permiten comprobar que el número de extranjeros regularizados que ya se han incorporado a la Seguridad Social equivale al 85% de todo el incremento de afiliados desestacionalizados registrado desde marzo.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció este miércoles que España ha alcanzado los 22.318.994 afiliados desestacionalizados, máximo histórico y 668.503 más que hace un año, un crecimiento del 3,09%.

Sin embargo, detrás de ese récord empieza a pesar con fuerza la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo. A 30 de julio, 262.475 extranjeros acogidos al procedimiento ya figuraban de alta en la Seguridad Social.

La comparación con la evolución inmediatamente anterior de la afiliación resulta reveladora. España terminó marzo, antes del inicio de la regularización, con 22.010.532 afiliados desestacionalizados. Ahora son 22.318.994. La diferencia es de 308.462 cotizantes.

Los 262.475 regularizados que ya están cotizando equivalen, por tanto, al 85,1% de todo ese incremento.

La comparación permite dimensionar hasta qué punto el proceso está afectando a las cifras agregadas con las que el Gobierno exhibe la fortaleza de su mercado laboral.

Incluso frente al dato interanual la proporción es enorme. Los regularizados que ya cotizan equivalen al 39,3% de los 668.503 afiliados netos que España ha sumado durante los últimos doce meses.

Más afiliación no significa más empleo

La cuestión es todavía más relevante porque buena parte de estos trabajadores ya se encontraba en España antes de la regularización y una parte ya desarrollaba actividades económicas, aunque fuera de la economía formal. Por tanto, su incorporación a la Seguridad Social permite aflorar empleo sumergido, algo positivo para la recaudación, pero no equivale necesariamente a la creación de un puesto de trabajo nuevo.

El Gobierno puede así obtener un fuerte incremento estadístico de afiliados sin que detrás exista un crecimiento equivalente del número de empleos generado por las empresas, ni tampoco un crecimiento exponencial de la productividad o el PIB.

A ello se suma el problema de la calidad del empleo que se incorpora. Los trabajadores extranjeros tienen una presencia elevada en sectores caracterizados por menores salarios, elevada temporalidad o discontinuidad y menor productividad. Precisamente la AIReF utiliza para sus cálculos sobre la regularización una base media anual de cotización de apenas 8.600 euros durante el primer año.

Ésta es una de las claves que cuestionan el triunfalismo del Ejecutivo. La sostenibilidad de la Seguridad Social no depende únicamente de acumular récords de afiliados, sino de cuánto produce, cuánto cobra y cuánto cotiza cada uno de esos trabajadores.

España está incorporando cientos de miles de trabajadores por la parte baja del mercado laboral mientras el salario mínimo se aproxima cada vez más a las remuneraciones percibidas por una parte considerable de los asalariados. El resultado es un modelo que puede incrementar espectacularmente el número de cotizantes sin elevar en la misma proporción las bases de cotización, la productividad o los salarios reales.

La AIReF y la contribución las pensiones

La propia AIReF ha puesto cifras al limitado efecto financiero de la regularización. Su estimación para el primer año sitúa el incremento potencial de las cotizaciones en apenas 0,067 puntos de PIB, con un rango plausible de entre 0,027 y 0,098 puntos.

El efecto aumentaría durante los siguientes ejercicios conforme mejorasen las bases de cotización de los inmigrantes, hasta alcanzar un máximo cercano a 0,11 puntos del PIB alrededor de 2030, pero posteriormente se iría absorbiendo. En promedio entre 2022 y 2050, la institución calcula un impacto potencial de apenas 0,03 puntos de PIB.

Y existe un detalle todavía más revelador: la propia AIReF advierte de que su cálculo debe interpretarse como una estimación de máximos, entre otras razones porque supone que todos los ocupados afectados pasan a la economía formal y no descuenta completamente a quienes ya se encontraban trabajando.

Es decir, la regularización puede provocar un impacto extraordinariamente visible sobre el contador de afiliados y, simultáneamente, tener un efecto estructural muy reducido sobre los ingresos que sostienen las pensiones.

Además, esos nuevos trabajadores no sólo aportan cotizaciones. Su integración formal supone también su incorporación plena a un Estado del bienestar que deberá afrontar a lo largo de los años el gasto asociado a pensiones y otras prestaciones y servicios públicos. El saldo fiscal final dependerá de salarios, años cotizados, impuestos pagados, edad, composición familiar y prestaciones recibidas, por lo que no puede deducirse exclusivamente del número de altas.

Según las estadísticas, el 90% de los regularizados tendrá un saldo fiscal negativo con la Seguridad social a lo largo de su vida.

La paradoja es evidente: la regularización permite al Gobierno engordar rápidamente una de sus estadísticas económicas favoritas, pero no resuelve el verdadero problema de España: crear empleo de alta productividad, salarios elevados y cotizaciones suficientes para sostener un sistema de pensiones sometido a una presión creciente.