Golpe de la Unión Europea a Hacienda: adiós a pagar este impuesto

Quienes tienen una segunda residencia en España y viven habitualmente fuera del país se han llevado una buena noticia en los últimos días, aunque quizá no todos lo sepan todavía. La Comisión Europea ha decidido actuar contra una práctica de Hacienda o de la Agencia Tributaria española que llevaba tiempo generando tensiones. En concreto, Bruselas ha abierto un expediente contra España por el trato fiscal que reciben los no residentes, al considerar que se vulneran principios esenciales del derecho europeo.

Hasta ahora, Hacienda exigía a las personas no residentes en España que tributasen un 2% del valor catastral de sus viviendas utilizadas como residencia habitual, a pesar de que quienes viven en el país de forma permanente están exentos de ese pago por sus viviendas principales. Esta diferencia de trato ha sido calificada por Europa como discriminatoria y contraria a la libre circulación de trabajadores y capitales, uno de los fundamentos del mercado único de la Unión Europea. Por ello, Bruselas ha enviado una carta formal al Gobierno español advirtiendo que este impuesto no puede seguir aplicándose en estas condiciones.

España tiene ahora un plazo de dos meses para reaccionar, explicar su postura o, directamente, eliminar la medida. De no hacerlo, el caso podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Golpe de la Unión Europea a Hacienda

El tema de la vivienda en España vuelve a ser motivo de debate, pero esta vez no tiene que ver con los precios de pisos y casas, ya sean de venta o de alquiler. En este caso, tiene que ver con un tributo en concreto por parte de Hacienda y la advertencia que ha hecho la Unión Europea, ya que se cobra a ciudadanos europeos que poseen una vivienda en España pero no residen aquí de manera permanente.

Estos ciudadanos, se han visto obligados a declarar una supuesta renta atribuida en su declaración del IRPF. Esta renta no es real, es una estimación que Hacienda calcula sobre el 2% del valor catastral de la vivienda. Es decir, se trata de un ingreso ficticio que, en el caso de los no residentes, sí genera una obligación fiscal. Para los residentes españoles, sin embargo, no existe tal tributo si se trata de su vivienda habitual.

Esto ha provocado malestar entre muchos propietarios europeos, sobre todo jubilados o trabajadores desplazados, que compraron una casa en España con la idea de disfrutar de ella sin complicaciones fiscales inesperadas. Lo que comenzó como una medida recaudatoria se ha convertido en un símbolo de desigualdad tributaria. Bruselas, al analizar esta situación, ha considerado que este trato desigual no sólo es injusto, sino ilegal a la luz de los principios comunitarios.

El argumento es sencillo: no se puede penalizar fiscalmente a alguien sólo por vivir fuera del país si se encuentra dentro del territorio europeo. Imponer este impuesto exclusivamente a los no residentes implica limitar su libertad de establecerse o moverse por la Unión, y eso vulnera las normas básicas del proyecto europeo.

Bruselas da un ultimátum a España

La Comisión Europea no ha esperado más y ha decidido actuar frente a Hacienda. El expediente abierto a España es el primer paso en un procedimiento de infracción, una vía que puede desembocar en una sanción si no se corrige la situación. En la práctica, esto implica que el Gobierno español tiene un plazo de dos meses para responder formalmente a la carta de emplazamiento enviada desde Bruselas. Si la respuesta no es convincente o las medidas correctoras no se implementan, se pasará a una fase más severa del proceso.

En ese siguiente nivel, la Comisión puede emitir un dictamen motivado, que no es otra cosa que un ultimátum legal. Y si incluso después de eso el problema persiste, el caso llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese punto, España se enfrentaría a posibles sanciones económicas que podrían obligar al Estado a modificar de forma urgente la normativa.

No es la primera vez que España se enfrenta a un procedimiento así por temas fiscales. Pero este caso resulta especialmente delicado porque afecta directamente a ciudadanos europeos que contribuyen de distintas formas a la economía española, desde la inversión inmobiliaria hasta el turismo de larga estancia. Su fidelidad al país no debería verse castigada con impuestos que otros no pagan por el mismo uso del inmueble.

Qué debe hacer ahora España

A partir de ahora, el Gobierno tiene que decidir cómo responder. Puede aceptar las recomendaciones de Bruselas y adaptar su legislación, o puede intentar defender la legalidad de la medida, lo que probablemente alargaría el proceso y lo llevaría a una confrontación abierta con las instituciones europeas.

Los próximos dos meses serán decisivos. Si España reacciona con rapidez y voluntad de diálogo, el conflicto podría cerrarse de forma razonable. Pero si opta por mantener la norma o retrasar su modificación, el camino judicial será casi inevitable. En cualquier caso, lo que está claro es que muchos ciudadanos no residentes podrían dejar de pagar un impuesto que llevaban años soportando.