El Gobierno presenta por tercera vez la idea del aval ante impagos y vuelve a hacerlo sin presupuesto ni garantías

El Gobierno ha presentado tres veces este 2025 el aval ante impagos que finalmente aprobó este martes el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto y por petición de Junts. Sin embargo, en las tres ocasiones la medida se ha planteado como una simple idea, pero sin aportar detalles adicionales sobre su ejecución presupuestaria, su implementación efectiva, o su marco de garantías.

La primera ocasión que aprovechó el Gobierno para introducir esta cobertura tuvo lugar el 28 de enero de este mismo año a través del Real Decreto-ley 1/2025, más conocido como «decreto ómnibus». En este texto legal el Ejecutivo ya incluía la medida en su artículo 76, donde se preveía la creación de «un sistema de cobertura pública frente a impagos». Pese a ello, la idea no llegó a ampliarse y desarrollarse reglamentariamente y, en consecuencia, nunca entró en vigor.

Meses después el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez volvió a presentar la medida -todavía como un concepto- en el borrador del Plan Estatal de Vivienda, concretamente en la sección sexta, artículos 91 y siguientes, formando parte de las medidas, supuestamente financiadas, dentro de los 7.000 millones de euros previstos para este escrito.

Ahora, a tan solo unas semanas de terminar el año, el Gobierno ha vuelto a plantear la misma iniciativa, bajo la presión de Junts, vía Real Decreto y sin especificar el importe estimado que se va a dedicar a la medida. Por el momento tan solo se conoce que se trata de una cobertura destinada a los propietarios que sufran impagos de rentas de alquiler por parte de menores de 35 años o personas vulnerables. En conversación con OKDIARIO, fuentes del Ministerio aseguran que el presupuesto todavía está por detallar.

Además, explican que el Gobierno cubriría la renta no pagada por el inquilino durante todo «el tiempo que el propietario tardara en recuperar su vivienda» y que dicho aval se ejecuta y no se devuelve. En cuanto a los criterios que se deberían utilizar para encasillar en situación de vulnerabilidad a los inquilinos, reiteran que los requisitos son los que hayan establecido cada una de las comunidades autónomas.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler de España (ASVAL) ha criticado que el Gobierno presente reiteradamente la misma medida sin desarrollo alguno y ha advertido que las políticas públicas de vivienda «deben aportar seguridad jurídica, coherencia normativa y mecanismos realmente aplicables»: «Consideramos esencial que cualquier medida destinada a reducir el riesgo de los arrendadores sea eficaz, aplicada con rigor y diseñada para incrementar la oferta de vivienda», han apuntado.

Un «error técnico» en el Real Decreto

ASVAL ha destacado a preguntas de este medio que vincular estos avales al Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI) y requerir que los alquileres estén por debajo del mismo es «un error técnico y operativo». Explican que el índice ya presenta una desconexión notable respecto a los valores reales de oferta y que no sirve como referencia para crear nuevas políticas públicas.

Asimismo, subrayan que la aplicación del SERPAVI no ha corregido las tensiones del mercado y que incluso, en algunos territorios, ha contribuido a retraer la oferta disponible: «Resulta poco probable que un propietario en un municipio no tensionado esté dispuesto a rebajar su renta por debajo del SERPAVI únicamente para acceder a un aval cuyo funcionamiento aún está pendiente de desarrollo y presenta múltiples incertidumbres», plantean.

En este sentido consideran que la aprobación del Real Decreto conlleva varios riesgos como el de desincentivar nuevas incorporaciones de viviendas, reducir la oferta en determinadas zonas o incrementar la inseguridad jurídica debido a la sucesiva reformulación de medidas que no se aplican. Frente a esto proponen incorporar medidas basadas en evidencia, como seguros de impago accesibles, colaboración público-privada y estímulos fiscales transparentes que favorezcan la ampliación sostenida de la oferta.