El Gobierno no publicará la lista de la amnistía fiscal a pesar de que Sánchez lo prometió en la oposición

No se conocerán los nombres de la amnistía fiscal que aprobó el PP en 2012. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pesar de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo prometió en varias ocaciones cuando estaba en la oposición e incluso la llegó a calificar como «la amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy».

En concreto, el Gobierno ha renunciado de nuevo a una de sus promesas electorales: publicar quiénes fueron las 30.000 personas, que en el año 2012 se acogieron a la medida de gracia que aprobó el Gobierno del PP. Los socialistas ya dejaron fuera de su último programa esta medida, pero sí lo hicieron en los comicios de 2016, cuando fue una de sus grandes apuestas en materia de lucha contra el fraude fiscal y la evasión.

En aquellos comicios, Ferraz se manifestó en términos muy duros contra los «defraudadores» que se vieron beneficiados de esta decisión que puso en marcha Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con el Gobierno de Mario Rajoy. No obstante, las ganas de Pedro Sánchez por conocer los nombres de la amnistía fiscal se han ido desinflando, por las trabas legales.

Aunque se cambie la ley para que poder publicar los datos fiscales de los contribuyentes beneficiarios de una amnistía fiscal nunca podría aplicarse de forma retroactiva, como quería Sánchez.

Sólo Podemos es partidario en este momento de difundir estas identidades. En su último programa electoral se podía leer esto: «Publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores. Asimismo, incluiremos la prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución, ya que una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria». Sin embargo, esto es sólo la teoría ya que Podemos está dentro del Consejo de Ministros y por lo tanto tiene capacidad de acción.

Lucha contra el fraude fiscal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, norma con la que espera recaudar 800 millones de euros al año y que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».

Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera «competitividad desleal» entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la «tolerancia cero» contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en el actual momento de crisis, ya que las prácticas irregulares suponen un «agravio» para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.

Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático para eliminar el «beneficio» a incumplidores «como hicieron gobiernos pasados», y se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.