El Gobierno carga a empresas y ciudadanos el coste de su plan económico por la crisis del coronavirus

El último decreto del 31 de marzo del Gobierno, el Real Decreto Ley 11/2020, carga sobre las empresas y los ciudadanos particulares el coste de las principales medidas económicas diseñadas por el equipo de Pedro Sánchez para afrontar la crisis del coronavirus, una estrategia inédita dentro de los países desarrollados. Se observa detrás la mano de Podemos.

Este quinto decreto del Ejecutivo durante esta crisis es, sin duda, el más gravoso para las compañías privadas. Los expertos creen que el plan económico del Gobierno tiene «dos almas», como el Consejo de Ministros: una que busca maximizar las probabilidades de supervivencia de las empresas -iniciativas de las que está detrás la vicepresidenta Nadia Calviño- y otra que interviene el funcionamiento normal de los mercados -con la impronta del vicepresidente Pablo Iglesias-.

Las medidas sociales pueden hacerse con dos fórmulas: en primer lugar, recurriendo a dinero público mediante ayudas directas, algo que sólo es factible a medio plazo cuando las cuentas públicas están saneadas; o, en segundo lugar, con intervencionismo -fijando los precios, permitiendo el incumplimiento de contratos entre particulares o desplazando la carga financiera de las medidas a las compañías privadas, que a largo plazo compromete su supervivencia-. Esta es una vía que prácticamente no ha utilizado ningún otro país, al menos de forma mayoritaria, salvo España.

Las medidas más dañinas para la economía del último decreto del Gobierno son, precisamente, las que expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pablo Iglesias.

Por ejemplo, respecto a los alquileres, destaca la suspensión de los desahucios, durante seis meses de la entrada en vigor del Estado de Alarma. Esta medida no la asume el Gobierno sino los dueños de pisos, aunque se pongan en marcha excepciones o ayudas a posteriori.

El Gobierno también carga la factura a las empresas con la moratoria automática del pago de la renta, diseñada para arrendatarios cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda. Es una moratoria que se prevé extender durante cuatro meses y los inquilinos podrán devolver la deuda sin penalización en cuatro años.

Por otro lado, se encuentra la renovación automática (por 6 meses), a solicitud del arrendatario, de los contratos de alquiler que venzan desde ahora hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma. Se deben mantener los términos y condiciones del contrato en vigor. Y se aplica a cualquier arrendatario.

A esto se suman las moratorias hipotecarias. Los que cumplan con el perfil  de vulnerabilidad pueden disfrutar una moratoria hipotecaria de uno a tres meses y las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos pendientes se posponen por ese periodo. De entrada, son las entidades financieras las que asumirán el coste de esta iniciativa.

El decreto también establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios para personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo. Más presión de liquidez para el mundo empresarial.

Además, el Gobierno ha ampliado el colectivo de posibles perceptores del bono social eléctrico y se prohíbe la suspensión de los suministros energéticos y de agua en la vivienda habitual por motivos distintos a la seguridad del suministro, para cualquier consumidor y durante el estado de alarma. En definitiva, el Ejecutivo de nuevo interviniendo el funcionamiento normal del mercado.

El último decreto económico del PSOE y Podemos también ha establecido limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online. Es decir, la norma también funciona como un cajón de sastre para incluir demandas históricas del ala más izquierdista del Consejo de Ministros.

Impacto presupuestario y deuda pública

Una de las razones que han llevado al Gobierno a adoptar políticas intervencionistas, cargando la factura sobre las empresas privadas o los particulares, es que las ayudas directas tienen impacto presupuestario y requieren ser financiadas mediante la emisión de deuda. Es decir, cuestan dinero público. Sería como pedir un préstamo a las próximas generaciones para hacer frente a una situación extraordinaria. El problema es que España ya no existe demasiado margen fiscal. El ratio de deuda sobre el PIB es elevado, roza el 100%, y su sostenibilidad ya estaba en entredicho antes de la crisis sanitaria.

A esto se suma el último dato de déficit público de 2019 publicado el 31 de marzo, que evidencia el despilfarro del Gobierno. Por ejemplo, en plena recuperación y en periodo electoral Sánchez disparaba los gastos corrientes y de personal del Estado. El déficit público se incrementó desde el 2,48% del PIB en 2018 hasta el 2,64% en 2019. No aumentaba en España desde 2012, cuando España estuvo al borde del rescate. Sánchez no ha sido capaz de reducir los números rojos en un año como 2019, con un crecimiento del PIB del 2%, por encima del de los países de nuestro entorno y sin gastos extraordinarios. En 2020, con servicios de estudios que apuntan a un desplome de la actividad de casi el 10%, el agujero presupuestario será sin duda cada vez más profundo.

Los expertos se plantean la siguiente pregunta: «¿Confiarán los mercados internacionales en la deuda pública que debe emitir España para hacer frente a la crisis si hemos aumentado nuestro déficit en un año como 2019?».

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido liderar en Bruselas una petición infructuosa para que se emitan coronabonos, una nueva fórmula para mutualizar la deuda. Holanda y Alemania se oponen. La canciller Angela Merkel, con el último dato de déficit de España, se ha armado de argumentos. No hay que olvidar que la deuda de Alemania siempre es considerada como un valor refugio en los mercados, al igual que la de Estados Unidos, y Merkel no quiere perder este estatus.

¿Cómo ha actuado el Ejecutivo?

Con este escenario internacional, el Gobierno impulsó primero medidas con menor coste: como los avales y préstamos, de los que centenares de pymes se están quejando por las numerosas trabas y condicionantes que se imponen. OKDIARIO ha recibido decenas de correos electrónicos de empresarios en los últimos días denunciando esta situación.

Sánchez y su Gobierno sí se han negado a realizar aplazamientos fiscales, una medida muy beneficiosa para las empresas que sí han hecho otros países, concretamente más de una veintena. ¿La razón más plausible? El maltrecho estado de las arcas públicas. Cuando el coste es para las arcas estatales el Ejecutivo se lo piensa más. Finalmente sólo ha aprobado algunas moratorias y aplazamientos de cotizaciones, aunque los autónomos y las pymes siguen considerándolas insuficientes y prefieren las medidas impulsadas por gobiernos como el de la Comunidad de Madrid.

Ante la imposibilidad real de que haya coronabonos, por la falta de credibilidad presupuestaria de Pedro Sánchez y su equipo, el Gobierno optó finalmente porque fuera la propia sociedad quien financiara directamente sus medidas: las empresas y los ciudadanos.

Es decir, que al no haber margen fiscal (un dinero que en realidad también sale de los bolsillos de los contribuyentes y de los balances de las empresas), se legisla para que sea el sector privado -junto a los españoles de a pie- el que financie la política que se diseña en el Consejo de Ministros y se aprueba en el Parlamento.

¿Cómo lo han hecho? La fórmula no es complicada: en lugar de dar dinero al arrendatario para que pague su alquiler, se le exige al arrendador que conceda una moratoria al pago. Y lo mismo ocurre con las hipotecas, el crédito al consumo, los suministros energéticos…

A esto se suma la instauración de un permiso retribuido obligatorio para los trabajadores que se quedan en casa y que tienen que asumir las empresas. ¿La fórmula mágica de Sánchez y su ministra Yolanda Díaz? Vacaciones pagadas por la empresa, aunque luego el empleado tenga que devolver las horas. Aunque eso ya será más tarde y con mediación de los sindicatos, aliados del Ejecutivo actual.

También se ha obligado, por poner otro ejemplo, a los arrendadores a extender los contratos de alquiler a todos los inquilinos por 6 meses, mucho más allá del estado de alarma.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que trasladar el coste de la política pública a la sociedad, tiene varios riesgos. ¿El mayor? Suponer que una empresa puede financiar estas medidas pero en realidad no puede, lo que pondría en riesgo su solvencia, llevaría a la suspensión de pagos a muchas empresas. En definitiva, se alargaría la crisis.

Habría que sumar la incertidumbre jurídica, una batalla que siempre ha llevado en bandera, por ejemplo, la CEOE o el Círculo de Empresarios. Medidas intervencionistas como las planteadas provocan urticaria a los inversores, poniendo también en riesgo la recuperación futura. Es teoría económica básica que repiten hasta la saciedad los economistas.

Una cultura que deslegitima pagar los contratos

Pero lo más preocupante para los empresarios es que se genera una cultura perniciosa: se deslegitima la obligación de cumplir los contratos y esa deslegitimación es aún mayor cuando hay que pagar a una gran empresa. Es decir, que cuanto más grande, menos importante es cumplir el contrato. El funcionamiento del sistema económico y la inversión están, con estas medidas planteadas, en jaque.

Desde el entorno empresarial tienen el siguiente diagnóstico: en los primeros Consejos de Ministros de la crisis del coronavirus se optó, aunque con medidas insuficientes, por medidas bien enfocadas, en línea con las de otros países de la UE, mientras que los últimos -como se refleja en los real decretos Ley 9/2020 y 10/2020- llevan la impronta de Podemos y su líder, Pablo Iglesias, que en última instancia está en contra de la economía de mercado.