Expertos denuncian el concierto económico de Aragonés para Cataluña: «Rompe la igualdad entre españoles»

Los fiscalistas advierten que el concierto económico para Cataluña que Pere Aragonés pretende solicitar al presidente del Gobierno, podría ser «inconstitucional» y vulnerar «los principios de igualdad y de solidaridad interterritorial» entre las Comunidades Autónomas que conforman el territorio común a efectos tributarios. Así de contundentes se han mostrado los expertos consultados por OKDIARIO tras conocerse que el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC presentará en el plazo de 3 meses a Pedro Sánchez, una propuesta que ha denominado un sistema de financiación «singular» pero que, en realidad, busca un régimen de financiación propio. La cesión podría además atentar contra los principios fundacionales de la Unión Europea, según los expertos.

Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid, explica a este periódico que si Cataluña sale de la ecuación de la financiación autonómica, «¿cómo recibirían financiación las demás comunidades autónomas deficitarias? ¿Es Madrid la que tiene que dar a todos? Es imposible, no se podría».

Sánchez tiene mayoría parlamentaria

Otros expertos recuerdan que, tal y como dicta la Constitución, la regulación de la materia tributaria está reservada a Ley Orgánica, es decir; que requiere de amplias mayorías para su aprobación. Salcedo subraya que los socialistas y sus nuevos socios «tienen la mayoría absoluta de 176». Para el economista, el problema es «que este concierto y cupo que tienen el País Vasco y Navarra deriva directamente de la Constitución», es decir; que se trata de un «derecho reconocido» en la Carta Magna del 78.

Ahora bien, «no es el caso de Cataluña» pues «no tiene los derechos históricos que puedan ser objeto de reconocimiento», unos privilegios forales que sí están reconocidos para País Vasco y Navarra a través de la concesión de la Disposición Adicional Primera del texto constitucional. «La trampa es que ya lo intentaron hacer con el Estatut de 2006 pues la Constitución dice: y sus respectivos estatutos de autonomía -y así lo aprobaron en su Parlamento por mayoría-, pero primero tiene que derivar de derecho forales históricos», o sea, del reconocimiento constitucional, y luego, reflejarse en el Estatuto de Autonomía propio.

TJUE, último resorte de legalidad

Ante la posibilidad de que este concierto económico catalán fuese aprobado por el Gobierno, el último resorte es la Corte de Garantías. «En este caso concreto se vulnerarían dos derechos» constitucionalmente protegidos, apunta Salcedo: «el de igualdad ante la Ley y el de solidaridad interterritorial, éste protegido además por el TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)», pues provocaría que hubiese «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».

Ante posibles recursos contra el intento de Aragonés de crear un régimen de financiación propia, tan sólo quedaría el «Tribunal de Justicia de Unión Europea» por «conculcar principios fundacionales» previstos en el TFUE. En todo caso, si todo sigue el curso previsto por el presidente catalán, se conocerá antes del término del próximo mes de febrero la supuesta legislación por la que Aragonés podría pretender sacar a Cataluña del sistema de financiación autonómica.