El Estado de las autonomías ahoga a las empresas: su burocracia les cuesta 55.760 millones

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 13/02/2025 00:01
  • Actualizado: 13/02/2025 00:45

La burocracia que generan las diferentes legislaciones en las autonomías genera unas pérdidas del 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, alrededor de 55.760 millones de euros, según el último estudio del Instituto Juan de Mariana. Es decir, las múltiples normativas que existen dentro de España dificultan la heterogeneidad del mercado y provocan un coste que sufren las empresas españolas. Las compañías presentan dificultades a la hora de operar dentro del propio territorio nacional, algo que, tal y como adelantó OKDIARIO, ya ha suscitado quejas entre empresas extranjeras como la gigante energética italiana Eni.

«La heterogeneidad regional es un aspecto crucial en el análisis del impacto de la regulación en España, dada la naturaleza descentralizada del país. Las comunidades autónomas son responsables del 75% de las normas que se aprueban anualmente en el territorio nacional, lo que genera diferencias muy significativas en el marco regulatorio de unas y otras regiones», reza el informe.

Esa multiplicidad normativa dificulta la actividad dentro del mercado español y acaba teniendo efectos sobre todas las variables macroeconómicas: «Si Andalucía y Cataluña adoptasen un ritmo de introducción de nuevas normas más bajo, similar al de Madrid o el País Vasco, se observaría un aumento del 1,41% en el nivel de empleo, así como un mayor número de empresas».

Por ello, el instituto insta a las autoridades políticas a tomar medidas al respecto y unificar leyes: «La variabilidad regional destaca la importancia de considerar las especificidades de las comunidades autónomas al evaluar el impacto regulatorio».

El informe refleja que los gobiernos autonómicos poseen 295.135 normas diferentes que afectan al sector privado. La comunidad con más regulación es Cataluña, que posee un 12% del total. De hecho, en términos relativos, los catalanes son los que sufren una burocracia más excesiva, seguidos de los andaluces y los valencianos. En el lado contrario, País Vasco, Madrid y La Rioja, por este orden, serían las regiones que disfrutan de una mayor libertad regulatoria.

La burocracia de las autonomías no para de crecer

El problema es que la excesiva burocracia que viven las autonomías y el Estado en su conjunto es cada vez más creciente. «Las regulaciones han aumentado de manera considerable y, mientras que en 1978 se aprobaron alrededor 3.000 normas, en tiempos recientes se han observado cifras cuatro veces mayores, en el entorno de las 12.000 normas aprobadas por ejercicio», denuncia el estudio.

«En total, en los últimos 45 años se contabilizan 428.904 normas aprobadas por el conjunto de las Administraciones Públicas, con un elevado protagonismo de las comunidades autónomas quienes tienen un peso del 76,6% del total de normas aprobadas, frente al 16,7% del gobierno central y el 6,7% de las corporaciones locales», explican los analistas.

Sólo dos regiones reducen la creación de nuevas normas: País Vasco y Madrid. El resto, con mayor o menor velocidad, refuerzan su burocracia y, por tanto, las trabas a la actividad del sector privado. De hecho, en este ránking, Cataluña vuelve a ser la primera, pues mantiene un ritmo medio del 3,7% en el aumento de las nuevas regulaciones.

«La complejidad regulatoria actual en España, caracterizada por un alto volumen de nuevas normativas y una considerable fragmentación normativa, impone costos significativos a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, limitando su capacidad de crecimiento y competencia», advierte el Instituto Juan de Mariana.

La burocracia de la Unión Europea

Además de lo anterior, también existen problemas a nivel europeo. De la misma manera que hay diferencias legislativas entre las comunidades, las disparidades existentes entre los Estados miembro también generan problemas y pérdidas en las empresas españolas. No existe un mercado único, en el sentido de que no es lo mismo operar dentro de un sólo país que moverse a otro, aunque ambos pertenezcan al mismo bloque geopolítico.

Esto genera problemas: «Los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5% del PIB en España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste del 3,5% del PIB».

Es decir, la regulación europea y su disparidad tienen el mismo efecto sobre la economía española que las autonomías. «En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar», denuncian los analistas.