el ministro escrivá calculó 3.000 millones al año

El coste del ingreso mínimo vital hasta octubre desborda la previsión que hizo el Gobierno para todo el año

Ingreso Mínimo

El coste del ingreso mínimo vital para las arcas públicas va camino de ser el doble de lo previsto por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, como advirtió la oposición al Gobierno. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social de octubre, el coste del ingreso mínimo vital asciende ya a 175,12 millones de euros. Sólo con los actuales beneficiarios de esta prestación, 140.000 hogares según el Ministerio -que suman 400.000 personas- , el coste anual de esta nueva ayuda pública sería de 2.100 millones de euros.

Aunque es cierto que todavía no alcanza los 3.000 millones de euros que señaló el ministro Escrivá como el impacto de esta medida en las cuentas públicas, lo cierto es que el número de beneficiarios todavía no llega ni a la mitad de lo que prevé el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pese a que el Gobierno ha ido reduciendo poco a poco en sus declaraciones públicas el número de beneficiarios de esta prestación, la última lo cifra en 550.000 hogares -850.000 hogares fue la anterior-. Por lo tanto, la cifra total del coste podría ser el triple que los actuales 2.100 millones de euros acumulados a cierre de octubre.

Porque lo normal es que el coste mensual vaya incrementándose a medida que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de la gestión de las solicitudes del ingreso mínimo vital, resuelva los expedientes y de luz verde a nuevos pagos. Hasta el momento se han recibido más de un millón de solicitudes y se han resuelto algo menos de la mitad.

El coste del IMV en julio ascendió a 33,3 millones, a 75,99 millones en agosto y en septiembre, a 116,7 millones. En octubre se ha situado en 175,12 millones, que elevan el coste anual a 2.100 millones

Mes a mes se van resolviendo nuevos expedientes y se va reconociendo el pago a más familias, lo que incrementa el coste para la Seguridad Social. De acuerdo con los datos del Ministerio, en julio el gasto ascendió a 33,3 millones de euros, a 75,99 millones en agosto y en septiembre, a 116,7 millones de euros. En octubre se ha situado en los citados 175,12 millones de euros que elevan el coste anual a 2.100 millones.

Presupuesto desbordado

La oposición ya advirtió al Gobierno de que sus cálculos eran erróneos y que el impacto de esta medida iba a ser mayor, golpeando a las cuentas públicas y afectando al déficit. En concreto, Vox -único partido que no votó a favor de esta medida en el Congreso- alertó de los efectos de esta medida y de que los gobiernos no podrían pagar esta prestación, como está ocurriendo con las ayudas a la dependencia.

«En la actual situación el Gobierno socialista no sólo no podrá pagar el ingreso mínimo vital, sino que no podrá pagar los sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas», dijo Inés Cañizares, diputada de Vox en las Cortes. En definitiva, un derecho reconocido pero que los sucesivos gobiernos no van a poder pagar.

La oposición ya advirtió al Gobierno de que sus cálculos eran erróneos y que el impacto de esta medida iba a ser mayor, golpeando a las cuentas públicas y afectando al déficit

Por su parte, aunque desde el PP se apoyó esta medida, su responsable de Economía puso en duda los datos económicos que daba el Gobierno en torno a esta medida. En una entrevista en este diario, Elvira Rodríguez, señaló que «a mí no me salen las cuentas». «El ministro Escrivá ha dicho que tiene un coste de 3.000 millones, pero puede ser mucho más. Me preocupa de dónde van a sacar el dinero y de dónde lo quitan también», dijo.

La consecuencia de este desbordamiento de los presupuestos iniciales de gasto de esta prestación es un incremento del déficit público justo en un momento de crisis económica. Los rebrotes de la pandemia del coronavirus han frenado de nuevo la actividad económica en España y los ingresos por recaudación de impuestos. El déficit hasta octubre se sitúa ya en más de un 5%, según los datos conocidos este viernes, mientras los principales expertos nacionales e internacionales ya prevén un menor crecimiento del PIB nacional en el cuarto trimestre de 2020 y en 2021.

Una prestación polémica

La medida no ha estado exenta además de polémica por las peleas internas en el Gobierno entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Escrivá. Iglesias exigió la puesta en marcha de esta ayuda antes del verano pese a que el ministro pedía más tiempo para ajustar los mecanismos para comprobar las rentas de los solicitantes y no cometer errores. Esto ha derivado en una batalla incluso pública entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Podemos.

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