El Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Iberoamérica con las que se robaba dinero público

La dirección del Canal de Isabel II ha decidido salir de Latinoamérica y vender toda la red de empresas que utilizaba este organismo público para cobrar comisiones ilegales en la región, según la investigación realizada por la Guardia Civil en el marco de la Operación Lezo, un escándalo de corrupción que ha provocado la imputación y encarcelamiento del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

El presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ha anunciado en el pleno de la Asamblea de Madrid que la compañía seguirá teniendo la totalidad del capital en manos del sector público y que se limitará a realizar su labor en España. A partir de ahora la empresa inicia un «desmantelamiento ordenado» de la red de filiales en Latinoamérica.

Garrido ha relatado que ha sido la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, quien le ha dado instrucciones para que eleve al Consejo de Administración del Canal esta decisión.

El anuncio se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya reunido pruebas que acreditan que varias filiales del Canal de Isabel II pagaron comisiones ilegales en, al menos, Panamá, Haití, Colombia y Santo Domingo a cambio de la adjudicación de obras y proyectos públicos. El Canal de Isabel II valora los activos de su red latinoaméricana en 127 millones de euros según las últimas cuentas anuales de la empresa pública.

El Canal de Isabel II anunció hace casi un año una reestructuración de su presencia internacional y la liquidación de parte del entramado empresarial en Latinoamérica. Ahora Garrido encargará a una firma auditora que valore cada uno de los activos en el continente para optimizar los ingresos. Algunas de las compañías, que estaban sin actividad, ha cerrado en los últimos meses.

La mayor parte de las inversiones en Latinoamérica del Canal se ha efectuado en la compañía colombiana Inassa, matriz de gran parte de los negocios en la región y en la que el Canal tiene una participación del 81,24%, quedando el 18,76% restante en manos de la firma Sociedad Latinoamericana de Aguas (Slassa), con sede en Panamá.

De hecho, tal como avanzó OKDIARIO el Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares (83 millones de euros entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá para la compra en 2001 de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla (Colombia). La operación se consumó con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado este diario, Esperanza Aguirre e Ignacio González ocultaron en abril de 2009 un extenso informe reservado por medio del cual la firma de abogados Cuatrecasas, sin tapujos, denunciaba las irregularidades y el oscurantisms en el proceso de compra de Inassa . Las pruebas y los testimonios de algunos de los protagonistas delataban que la aventura americana del Canal se debía a un pelotazo, diseñado por un grupo de empresarios de España y Colombia. La trama societaria finalizaba en el paraíso fiscal de Panamá, en la instrumental SAA.

El pleno de la Asamblea de Madrid en el que Garrido ha anunciado la desmantelación de la red latinoaméricana del Canal de Isabel II se produce después de que los grupos de la oposición hayan presentado varias proposiciones de Ley para mejorar el control del Canal. Podemos y PSOE piden blindar el carácter público del Canal y derogar las leyes que abren la puerta a su capitalización y Cs asegurar el carácter público de la empresa.

En su intervención, Garrido ha afirmado que evitar la privatización de la empresa es «uno de los pilares básicos». «Nos aseguraremos que mantenga el accionariado cien por cien público», ha insistido, tras recordar que los beneficios obtenidos por la empresa se reparten entre sus accionistas, que son la Comunidad de Madrid y diferentes ayuntamientos. El pasado año la empresa ganó 119,38 millones de euros.