Nueve comunidades se rebelan contra Belarra: no eliminarán 72.500 plazas de las residencias de ancianos

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, vuelve a pinchar: celebra que ha conseguido sacar adelante su plan contra las residencias de ancianos, pero nueve comunidades autónomas no lo aplicarán. El modelo de la secretaria general de Podemos plantea limitar las plazas en las residencias de ancianos a 120 en grandes ciudades, a 90 en poblaciones de densidad media y a 75 plazas en centros rurales, según las patronales del sector, esto supondrá el cierre de 72.500 plazas.

En concreto, el nuevo modelo de residencias de ancianos que plantea el ministerio ha recibido el rechazo de la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha (presidida por el PSOE), País Vasco y Cataluña. Así, estas autonomías continuarán gestionando las residencias de ancianos y centros de días como venían haciendo hasta ahora, puesto que esta competencia es de las comunidades autónomas, y rechazan el modelo de Belarra por considerarlo «inviable».

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid continuará aplicando su propio modelo de atención residencial tras rechazar este martes el ‘Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia’ (SAAD) que se ha sometido a votación en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

«Este acuerdo nace con la oposición de las asociaciones que representamos al 75% de las empresas del sector de los cuidados; así como con la oposición de nueve comunidades, que de forma conjunta representan al 71,4% de la población. Así que es un acuerdo que nace muerto», explica a OKDIARIO Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED).

Por ello, la patronal no entiende que la ministra Belarra esté «tan satisfecha por no haber conseguido conciliar los intereses de los sindicatos, las patronales y las comunidades autónomas. Ha conseguido que salga por la mínima».

¿Qué comunidades lo aplicarán?

El plan de Belarra ha contado con el voto a favor de Extremadura (que en la anterior reunión mostró su rechazo), Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. «En el plazo de 12 meses, estas comunidades tienen la obligación de transponer este modelo a sus normativas autonómicas», comenta Fernández-Cid.

No obstante, la patronal insiste en que «cuando estas autonomías hagan números (algo que todavía no se ha hecho porque ni siquiera hay una memoria económica que justifique este plan) y vean los nuevos precios de concierto donde se tienen que mover, no van a tener dinero y tampoco lo van a poder aplicar», vaticina el presidente de la FED.

Sin embargo, Belarra ha celebrado la aprobación del acuerdo como un triunfo. «Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado el que considero uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura (…) como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo», dijo este martes la ministra sin hacer mención a que no ha contado con el apoyo de nueve comunidades autónomas ni de las empresas del sector de la dependencia.

Plan de Belarra

El modelo de Belarra para el sector de la Dependencia plantea limitar las plazas en las residencias de ancianos a 120 en grandes ciudades, a 90 en poblaciones de densidad media y a 75 plazas en centros rurales. Según la FED, esto supondrá el cierre de 72.500 plazas, que representan el 18,8% del total y el 25% de las residencias privadas. «Van a tener que cerrar porque no van a tener viabilidad económica y por la imposibilidad manifiesta de cumplir lo que marca el proyecto», asegura su presidente.

A este cierre masivo, además, hay que sumar el déficit que ya presenta el sector de las residencias de ancianos y centros de día. Actualmente, hay una carencia de 75.000 plazas en España y la cifra seguirá incrementándose en los próximos años debido a que la población cada vez está más envejecida, según la FED.

Otro de los problemas que presenta el plan de Belarra es que va a suponer que el precio medio de estos centros se dispare un 50%. «Si este proyecto sale adelante tendríamos que subir nuestros precios un 50%. Tendrían que pasar de los 60 euros al día que cuestan ahora de media a los 90 euros. Esto supone que si actualmente el precio medio de una plaza es de 2.00o euros al mes -incluyendo el IVA-, pasaría a unos 3.000 euros mensuales», apunta Fernández-Cid.