BBVA recibe 190 denuncias por sospechas de fraude y 48 por posible lavado de activos

BBVA recibió en 2023 un total de 190 denuncias internas por sospecha de fraude y otras 48 por posible lavado de activos, según señala el banco que preside Carlos Torres en su informe financiero anual remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos son algunos de los motivos que los empleados del banco o terceras personas han esgrimido para presentar sus denuncias ante los canales internos abiertos por el banco, que han finalizado con 115 despedidos por denuncias de compañeros, 22 de ellos por acoso sexual.

En total, en 2023 el banco vasco recibió 2.061 denuncias, un 29% más que el año anterior. El BBVA lo atribuye a «las labores de sensibilización y conocimiento del Canal de Denuncia realizadas en los últimos trimestres». El origen principal de las denuncias se refiere a situaciones laborales (1.037 casos), discriminación o acoso (220 denuncias), conducta con el cliente (347), fraude (190) y potencial lavado de activos (48 casos).

Según informa BBVA, del total de denuncias recibidas investigó 1.546 al detectar que podría haber indicios de una conducta irregular por parte de los empleados en cuestión. De ellas, casi un 40% finalizaron con la imposición de medidas disciplinarias: en 115 casos los empleados denunciados fueron despedidos.

El banco no ha especificado las razones por las que se han producido todos los despidos. Pero sí explica que en 2023 la entidad ha activado el protocolo de acoso sexual en 25 ocasiones, que han acabado con el despido de 22 personas. En 2022, como publicó este diario, ocho personas salieron del banco por denuncias de acoso sexual.

Los casos de acoso sexual se han incrementado en el banco, pero el número de despidos totales por denuncias internas se ha reducido en el ejercicio pasado. El número de salidas en 2022 fue de 156, por lo que en 2023 ha disminuido el número de despidos pese a que las denuncias han subido casi un 30%.

Se da la circunstancia, además, de que el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblanc) ha considerado que existen determinados aspectos sobre las políticas y procedimientos utilizados para la supervisión de filiales y sucursales del banco en terceros países «deben tener un mayor desarrollo a nivel corporativo», por lo que ha impuesto a la entidad una multa de 4,82 millones de euros. El banco señala que esta multa está recurrida ante los tribunales competentes.

La sanción de 4,82 millones de este año se suma a la que ya recibió en 2021 por incumplir la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. La multa ascendió a 13,2 millones de euros y también fue recurrida por el banco, según admitió en su informe financiero de 2021.

Todo mientras la Audiencia Nacional sigue investigando la implicación del BBVA y del propio Carlos Torres en el proceso contra el polémico ex comisario retirado José Manuel Villarejo, a quien el banco contrató supuestamente por Francisco González, ex presidente del banco, imputado en la causa.

En estos momentos este proceso se encuentra en la fase de instrucción por parte del juez Manuel García-Castellón y el BBVA está imputado como persona jurídica, además del ex presidente González. Torres ha tenido que declarar como testigo ante el juez, pero todo apunta a que no será imputado. Si lo fuera, tendría que abandonar la presidencia del banco.

BBVA: hipotecas

Por otra parte, BBVA ha tenido que afrontar unas pérdidas monetarias de algo más de 30 millones de euros en 2023 como consecuencia de procedimientos civiles o multas administrativas por falta de transparencia en las comunicaciones con clientes sobre hipotecas, según se refleja también en la memoria anual del banco.

BBVA registró 16,5 millones de pérdidas como consecuencia de sentencias judiciales derivadas de procedimientos civiles o multas administrativas. En éstas se condena a la entidad por falta de transparencia y/o vicio en el consentimiento en el ámbito de la financiación hipotecaria a personas físicas.

También ha afrontado pérdidas monetarias por valor de 13,7 millones de euros por prácticas abusivas en financiación hipotecaria y que condujeron a procedimientos judiciales derivados de reclamaciones asociadas a gastos en este tipo de créditos.