Banco Popular: burbuja inmobiliaria, Guindos y para qué sirve una auditoría

Aleluya. Esta semana, después de seis años y medios de instrucción -y 10 meses después del final oficial de la misma-, el juez José Luis Calama ha cerrado la causa de la ampliación del Banco Popular en 2016. Lo ha hecho con un auto en el que pide sentar en el banquillo al expresidente de la entidad Ángel Ron, a parte de su equipo y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable.

Ahora queda que la Fiscalía Anticorrupción haga su escrito de petición de penas, que las defensas recurran el auto y que la Sala rechace esos recursos (casi con toda probabilidad) para que se ordene la apertura de juicio oral. Pero, de momento, Calama ha hecho un retratito durísimo, sólido y absolutamente fidedigno de las prácticas irregulares del Popular en la época de Ron. Ya les contamos en OKDIARIO que el magistrado quería dictar un auto «inatacable» que hiciera casi imposible la absolución de los acusados (y que salvara al Banco de España, de eso hablaremos luego).

Este retrato describe muy acertadamente cómo el Popular, «en un determinado momento, decidió modificar su perfil tradicional de apetito al riesgo (básicamente pymes y familias) para derivar buena parte de su capacidad financiera hacia el crédito promotor inmobiliario». Ese cambio se produjo con la llegada a la presidencia de Ron tras la etapa dorada de Luis Valls.

Como explica quien esto suscribe en el libro De los Borbones a los Botines: auge y caída del Banco Popular, esta gestión prudente le hizo quedarse atrás cuando el resto de entidades, en especial las cajas de ahorros, se metieron en el negocio promotor como si no hubiera un mañana, lo que desembocó en la burbuja inmobiliaria y su posterior estallido con las consecuencias conocidas: quiebra masiva de entidades, crisis financiera, doble recesión económica y rescate de España.

Tarde y mal

El Popular quiso engancharse a esta locura para recuperar el terreno perdido, pero lo hizo tarde y mal. Se tuvo que conformar con los clientes y proyectos que nadie quería financiar (ni siquiera las cajas, que ya veían las orejas al lobo) y que, lógicamente, se fueron al hoyo. Eso disparó la morosidad y le obligó a adjudicarse miles de inmuebles sobrevaloradísimos. Ambas cosas hay que provisionarlas, lo que implica pérdidas que se comen el capital. Así quebraron las cajas.

Pero el Popular se negó a ser rescatado y emprendió una huida hacia delante. Refinanció a los clientes insolventes (lo que se llamaba la «patada adelante», como en rugby) para no reconocer su mora, no tasó a un valor realista los activos adjudicados e incluso creó un entramado de sociedades en Luxemburgo (Thesan) para sacar de sus cuentas los peores créditos.

Aun así, las cuentas no aguantaban y suspendió por sorpresa los test de estrés de 2012 a la banca española. Lo intentó solucionar con una ampliación de capital ese año -la que está investigando el juez Santiago Pedraz- de 2.500 millones. Eso le permitió resistir cuatro años, pero en 2016 la situación volvió a ser insostenible y tuvo que acometer otra operación similar que colocó sobre todo entre sus clientes, porque los grandes inversores no se fiaban del banco (con razón).

Esa operación es en la que se cometieron los delitos que Calama da por probados, ya que las cuentas que presentó al mercado no reconocían su dramática situación: debería haber declarado pérdidas de al menos 2.500 millones en 2015. Además, incumplió la normativa contable al financiar la compra de acciones a sus clientes (es decir, las compraba el propio banco mientras el cliente no devolviera el crédito) y no restárselo del capital.

Como es bien sabido, tampoco fue suficiente. El consejo sustituyó a Ron por Emilio Saracho, quien no vio más salida que otra ampliación de capital mucho mayor o la venta del Banco Popular, proceso en que ninguna entidad ofreció un precio positivo ante el enorme agujero que presentaba. Cundió el pánico, la acción se desplomó en Bolsa, las agencias rebajaron su rating a bono basura y todo acabó con una fuga masiva de depósitos que dejó a la entidad sin liquidez y que provocó su resolución y venta al Santander en junio de 2017.

Sareb o rescate

¿Se podía haber evitado la caída del Popular? Probablemente sí. Una opción habría sido traspasar sus activos inmobiliarios (crédito promotor e inmuebles) a Sareb, el banco malo, cuando lo hicieron las cajas rescatadas en 2012. Incluso haberle rescatado con dinero público del FROB como a ellas. Pero el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, no quisieron meter a un banco privado en el mismo saco con el estigma correspondiente. Se quería mantener el discurso que el problema de España no era su banca, sino las cajas politizadas y gestionadas de forma no profesional.

«Posiblemente nos equivocamos entonces», reconoció el propio Linde, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera. El entonces comisario europeo Joaquín Almunia reconoció en 2019 que «en 2012 y 2013 se nos escapó una entidad financiera, se nos escapó Banco Popular, quizás no nos hubiera pasado con un supervisor único» (a raíz del rescate de España, el BCE asumió la supervisión directa de las principales entidades europeas).

El Banco de España

Por cierto, el Banco de España se ha vuelto a ir de rositas en esta causa, como en la de Bankia. Y vaya si está implicado. O bien no detectó el agujero y las irregularidades y entonces incumplió sus funciones (¿para qué sirve un supervisor si no supervisa?); o bien conocía la situación y permitió al Popular ocultarla para que pudiera captar ese capital o para evitar rescatarlo. Y es que, ay, entonces la responsable de supervisión de la entidad era Margarita Delgado, actual subgobernadora y principal candidata a suceder a Hernández de Cos como gobernador en junio.

Esta implicación y el precedente de Bankia son los clavos ardiendo a los que se agarrará previsiblemente Ron para evitar la prisión. En una de las sentencias más disparatadas que ha dictado la Audiencia Nacional, absolvió a Rodrigo Rato y al auditor de Bankia, Deloitte, porque se limitaron a seguir las instrucciones del Banco de España. Y su entonces gobernador, Fernández Ordóñez, fue desimputado durante la instrucción, así que nadie asumió la responsabilidad.

En el caso del Popular, Calama explica que «ha quedado extramuros de la instrucción la actuación de los supervisores (CNMV/BdE/BCE), pues desde el inicio de la investigación penal así se dispuso. No nos compete a nosotros determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente o no. A otros ámbitos corresponderá ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucional». Chimpún.

¿Auditorías para qué?

Por último, nos queda el papel de PwC. Hasta ahora, no ha sido condenada ninguna auditora en España: ni Deloitte en Bankia, ni KPMG en la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), ni siquiera BDO en Pescanova, uno de los mayores fraudes al mercado de la historia. Todas estas firmas llevaban la tira de años auditando a estas empresas (35 en el caso de PwC y el Banco Popular) y jamás pusieron una salvedad. O no hicieron su trabajo o prefirieron mirar para otro lado para no perder al cliente.

Las auditoras siempre se escudan en que sólo analizan la información que les da la empresa; y que si no les da toda o se la da sesgada, no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué sirve una auditoría si no puede garantizar que las cuentas son correctas? Calama comparte esta visión y hace un prolijo análisis de las obligaciones legales de los auditores y de su responsabilidad penal. PwC va a tener difícil librarse esta vez.