La banca no se fía del nuevo ministro Cuerpo

Llegan tiempos de incertidumbre para la gran banca española. Esta semana, el nuevo ministro de Economía se ha vestido de largo con las grandes entidades financieras para soltarles una retahíla de buenas intenciones. Sin embargo, para los bancos, llueve sobre mojado. Tras la abrupta salida de Nadia Calviño que dejó en el aire la modificación del chapucero impuestazo, el mensaje es claro: el sector no se cree a Carlos Cuerpo.

El nuevo ministro se reunió esta semana con los bancos del Ibex y alguna que otra big four para prometerles lo que llevan meses o años queriendo oír: que recibirán el doble de fondos europeos de los inicialmente previstos y que hará de contrapeso a Yolanda Díaz. Esperemos que con más fuerza que el día que recogió su cartera ministerial de su mentora, cuando hizo la broma de que se le caía -y esta sí que no pesaba-.

El encuentro ha sido fallido: los grandes bancos no se lo han creído. Temen que el pacense pueda convertirse en El Padrino 2, mucho peor que su predecesora que se creyó que había salvado al país de la pandemia, cuando en realidad nos ha enterrado en un profundo invierno en el que sólo han salido 5.000 personas del paro en cinco años. Y es que este Gobierno nunca se ha mostrado amable con las entidades financieras. Salvo cuando las ayuda por casualidad, como a principios de este año, cuando Sánchez aprobó, dentro de sus cesiones a Junts, una serie de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil por las que se desincentivará la presentación de demandas de clientes contra la banca.

El Impuesto a la banca se queda

Pero qué esperar de un Ejecutivo maniatado que gobierna de forma insensata e impredecible. No olvidemos que el PSOE y Sumar han prorrogado un gravamen supuestamente extraordinario sin siquiera esperar a que se signifiquen los tribunales por encontrarse recurrido.

¿En qué país occidental cabe que un impuesto entre en vigor al ejercicio siguiente a aquel cuyos resultados constituyen el hecho imponible, es decir, respecto del año en el cual todavía no existía el gravamen? Pues aquel país en el que se vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica.

¿En qué estado comunitario se opta por tramitar un tributo de tal trascendencia por proposición de ley en lugar de como proyecto de ley? Aquel en el que se tiene la intención de eludir la consulta pública e informes tan relevantes -y preceptivos- como los del Consejo de Estado, Banco de España y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Una nación que aprueba impuestos eludiendo las vías ordinarias del procedimiento legislativo común es aquella en la que pesa más la opinión de una vicepresidenta comunista a la del presidente del Gobierno.

No debería olvidar Carlos Cuerpo que en este tablero de juego siempre es más fuerte la dama y mucho más vulnerable el rey. La dama rosa lleva, como las piezas blancas del ajedrez, la ventaja de haber realizado la primera jugada. Fue la líder de Sumar la que impuso su criterio para que se pospusiera otro ejercicio más la revisión del impuestazo, sin siquiera escuchar al sector ni atender sus circunstancias actuales. La misma que ahora pretende introducir a trabajadores en los consejos de administración de las grandes empresas, a pesar de que sea ilegal.

Que tiemble Carlos Cuerpo. Contra semejante hueso duro que se empecina en dilapidar la libertad de empresa le será muy difícil ganar la partida. Aunque él, a diferencia de la vicepresidenta primera, sí sabe de economía, veremos si ha aprendido algo de negociación a la sombra de la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

No debieran prolongarse más el tiempo de incertidumbre legislativa para la banca. Si no se deroga el impuestazo, es hora de que el ministro de Economía mueva ficha y grave los beneficios y no los ingresos. O que se lo aplique por igual a todas las entidades financieras, también y, sobre todo, a las filiales de las extranjeras. Aquí o todos o nadie y mucho privilegios a los extranjeros, por delante de los españoles.

La gran banca española no huirá de España porque, de hacerlo, generaría una crisis reputacional irreparable para su negocio. Eso sí, que el Gobierno continúe asfixiándola fiscalmente, por muchos mejores resultados que obtengan año a año, reverberará en un endurecimiento de las condiciones para los que siempre pierden: los ciudadanos de a pie con su hipoteca o crédito que, a duras penas, llegan a pagar sus facturas a final de mes.