La morosidad vuelve a extender sus tentáculos en la Administración Pública española, especialmente en los ayuntamientos. Sobre todo preocupa la situación de las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones o cabildos-, que están pagando de media con más de tres meses de retraso sus facturas, incumpliendo la normativa en vigor, que obliga a pagar como máximo en 30 días.
Según los datos del Ministerio de Hacienda del mes de mayo, el periodo medio de pago a proveedores en los ayuntamientos y en las diputaciones -la administración local bajo el régimen «de cesión»- alcanzó los 92,5 días, frente a los 30 que obliga la ley. ¿El problema? Que en la práctica no existe un régimen sancionador eficaz.
Los impagos de la Administración fue un grave lastre que dejó en herencia el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy en la anterior crisis, lo que llevó a muchas empresas al borde de la quiebra. El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó un plan de pago a proveedores, movilizando inicialmente 35.000 millones de euros, para que los consistorios saldaran las deudas.
Inquieta que la Administración local, teniendo en cuenta los datos de «régimen de cesión», que aglutina a los grandes ayuntamientos del país y a las diputaciones, nunca haya tenido un periodo medio de pago tan elevado desde 2014, cuando comienza la serie histórica que elabora el departamento que dirige María Jesús Montero.
Aunque la cifra es baja en comparación con la anterior crisis, la bola de morosidad sigue creciendo. Los ayuntamientos de régimen de cesión debían en mayo más de 1.000 millones de euros a sus proveedores, pero si se miran los datos de las de «régimen variable» de marzo -los últimos disponibles-, que miden también a los consistorios más pequeños, la factura pendiente de pago supera los 2.000 millones de euros.
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, explica a OKDIARIO que este es un problema que, cuando vuelve la crisis, se convierte en un «arma de destrucción de puestos de trabajos» y recuerda como la morosidad en la anterior crisis contribuyó a la destrucción de un tercio de los puestos de trabajo. «Si se rompe la cadena de pagos se te rompe la economía», avisa.
Es preocupante, por ejemplo, lo que ocurre en algunos grandes ayuntamientos como el de Jaén, capital de provincia, que tiene un periodo medio de pago de 664 días. Es decir, que pagan de media las facturas con más de un año y medio de retraso. Deben 85,5 millones de euros. O lo que ocurre en Parla (Comunidad de Madrid), que pagan con 419 días de retraso y deben 42 millones. En Jerez de la Frontera se paga a sus proveedores en 401 días. Son los únicos tres municipios grandes que tardan más de un año en abonar sus facturas. Les sigue Granada, con 193 días de periodo medio de pago (debe 93 millones de euros), siempre según las tablas actualizadas en mayo del Ministerio de Hacienda.
