Las autonomías rechazan el plan de Belarra para reducir las plazas en residencias de ancianos

El Gobierno no ha conseguido cerrar este miércoles el acuerdo con las comunidades autónomas para dar luz verde al plan para reducir las plazas en residencias de ancianos de Ione Belarra. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que el Ministerio de Derechos Sociales y las CCAA han acordado «posponer la votación» a la espera de «cerrar los últimos detalles».

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder llegar a un acuerdo «a lo largo del próximo mes» en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta «un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo».

El documento, que se iba a votar este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, presidido por la ministra Ione Belarra, proponía un nuevo modelo de acreditación de residencias, basado en limitar las plazas en las residencias de ancianos a 120 en grandes ciudades, a 90 en poblaciones de densidad media y a 75 plazas en centros rurales, tal y como adelantó OKDIARIO.

En este sentido, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) estima que esto supondrá el cierre de 72.500 plazas, que representan el 18,8% del total y el 25% de las residencias privadas. «Van a tener que cerrar porque no van a tener viabilidad económica y por la imposibilidad manifiesta de cumplir lo que marca el proyecto», asegura el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

A este cierre masivo, además, hay que sumar el déficit que ya presenta el sector de las residencias de ancianos y centros de día. Actualmente, hay una carencia de 75.000 plazas en España y la cifra seguirá incrementándose en los próximos años debido a que la población cada vez está más envejecida, según la FED.

Negociaciones

La federación asegura que las negociaciones entre las asociaciones del sector de la dependencia y el Gobierno comenzaron hace meses para tratar de conseguir un sistema de acreditación de mínimos. «Recientemente se ha cerrado el tercer borrador y estamos totalmente en contra», dice Fernández-Cid.

En su opinión, «esta medida es totalmente inviable, pero lo peor de todo es que no se basan en ningún criterio para establecer este número». En este sentido, añade que «lo lógico es que esta propuesta llevara pareja una memoria económica que valore el coste de todos esos cambios que pretenden implementar, pero no lo han hecho».

La patronal defiende que la idea inicial era crear un sistema de acreditación básico que uniese la multitud de normativas que hay en el país -una por cada comunidad autónoma-. «Especialmente con todo lo que ha pasado durante la pandemia, donde nos encontramos con protocolos tan dispares», apunta Fernández-Cid. «Pero lejos de quedarse en un sistema de acreditación de mínimos se han ido a un sistema de acreditación de máximos. A una verdadera revolución del sistema de cuidados».