Aluvión de sentencias contra España en EEUU por los impagos a las renovables de Sánchez: la deuda crece a 935 millones

Avalancha de sentencias contra España en Estados Unidos por los impagos a las renovables decretado por Pedro Sánchez y Teresa Ribera. El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha ordenado ejecutar de golpe los laudos del tribunal de arbitraje internacional CIADI que obligan a nuestro país a indemnizar a los inversores afectados por los casos que salpicaron a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, y que añaden 98 millones de euros a la deuda que ya acumula España en el país norteamericano: 935 millones.

Los cuatro casos resueltos por la justicia de EEUU tienen su origen en inversiones en parques eólicos españoles realizadas por empresas radicadas en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo. Estas compañías se acogieron
al régimen de primas ofrecido por el Gobierno de turno al sector renovable, que fueron posteriormente cambiadas unilateralmente para hacer frente a la crisis económica.

Los afectados acudieron entonces al CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, alegando que se había vulnerado el artículo 10.1 del Tratado sobre la Carta de la Energía. En todos los casos, los tribunales arbitrales concluyeron que el Estado español violó las expectativas legítimas de estabilidad regulatoria de los inversores, lo que resultó en las correspondientes condenas que obligan a nuestro país a indemnizar a los afectados.

El laudo que resolvió las demandas de OperaFund (Malta) y Schwab (Suiza) está valorado en 29,3 millones de euros. En cuanto a la alemana Steag, el fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial está valorado en 27,7 millones de euros, más una primera condena en costas de 1,4 millones que vino seguida de una segunda cuando decayó otro intento de anulación del laudo, generando 700.000 euros de obligaciones adicionales para nuestro país.

A estos pagos pendientes hay que sumarle la acumulación de intereses de demora al 1,5% que son capitalizados trimestralmente desde 2014, lo que supone 5,6 millones adicionales. Por último, el caso que afecta a Renergy (Luxemburgo) está valorado en 32,9 millones, más intereses y costas. En conjunto, la factura supera los 98,1 millones.

Mientras, el Gobierno de Sánchez volvió a desplegar en estos procesos el mismo repertorio de argumentos que ya ha fracasado en los tribunales estadounidenses, aludiendo a la normativa europea sobre ayudas
de Estado, la competencia exclusiva de las instituciones de la UE, el principio de cortesía internacional; la doctrina de la compulsión soberana extranjera; la gestión de las deudas por parte de un tercero (el fondo Blasket Renewable Investments); o la existencia de otros procedimientos abiertos. La decisión del juez desestima estos puntos uno a uno y recuerda en su fallo que los laudos del CIADI deben recibir en Estados Unidos el mismo reconocimiento que una sentencia firme de sus propios tribunales.

El fallo subraya también que España no presentó objeción alguna a las cantidades reclamadas, que por tanto quedan también reconocidas por entero.

Estados Unidos es sólo uno de los países que acechan a España con los impagos a las renovables. Tribunales de otros países como Reino Unido, Australia o Singapur también han emitido sentencias contra España que abren la puerta al embargo de bienes españoles en esos países.

Fuentes de los fondos acreedores calculan que la deuda entre el principal mas los intereses más las costas de los procesos supera los 2.000 millones de euros, mientras el Gobierno sigue instalado en los impagos y alargar el problema.

El origen de estos procesos es de 2007, año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en renovables. En 2011, Zapatero decidió unilateralmente rebajar las primas a las inversiones fotovoltaicas, lo que motivó ya el primer arbitraje contra España en el Ciadi.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para hacer frente a la crisis económica, redujo unilateralmente también las primas a todas las inversiones renovables. Los fondos acudieron en masa al tribunal de arbitraje del Ciadi, que les ha ido la razón en la mayoría de los casos.

El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esos arbitrajes, lo que derivó en decenas de denuncias en los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, que también están dando la razón a los fondos acreedores y obligando a España a pagar las indemnizaciones, que sigue sin abonarlas y se arriesga a los embargos.