Economía

TRAS LA DENUNCIA DE OKDIARIO

Los estanqueros sientan en el banquillo al CMT y a las tabaqueras por fraude y estafa en las sanciones

Estancos
Cigarrillos apilados antes de ser empaquetados.
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Los estanqueros españoles que llevan meses denunciando una campaña de persecución por parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), mediante la imposición de multas desproporcionadas, han logrado que el Juzgado de instrucción número 13 de Madrid considere que existen indicios suficientes para considerar que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, puede haber prevaricado en su política de sanciones e, incluso, puede haber pactado con las tabaqueras para que éstas les entregaran datos confidenciales de los propietarios de estancos y máquinas expendedoras violando la Ley.

Según ha podido saber OKDIARIO, el citado juzgado ha citado a declarar al  presidente del CMT, José Luis Nieto y a su inspector jefe, Manuel Cuevas, tras una denuncia presentada por una la Asociación Profesional de Estanqueros de España, compuesta por particulares propietarios de máquinas expendedoras de tabaco y por estanqueros afectados por la ofensiva del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

El juzgado también ha llamado a declarar a representantes de la tabaquera norteamericana Philip Morris (Marlboro, L&M, Chesterfield) y de la empresa Marketing Partners Consultores (MKPC), por las sanciones de más de 120.000 euros que el CMT ha puesto a medio centenar de profesionales de la expendeduría de tabaco por supuestos contratos fraudulentos de información en los puntos de venta.

Los demandantes no descartan que el marco de estas investigaciones se cite también a declarar a otros gigantes de la industria, como JT International Iberia, BAT y Altadis-Imperial), ya que podría existir un acuerdo entre los productores de tabaco y el organismo regulador para reducir la responsabilidad de estas compañías en el entramado de contratos firmados con los puntos de venta para dar prioridad a unas marcas sobre otras, violando así el principio de neutralidad que establece la legislación española.

Según los demandantes, las tabaqueras han accedido a facilitar datos personales y los contratos privados al CMT a cambio de multas perfectamente asumibles por las empresas, para después poder imponer sanciones desorbitadas a los propietarios de los puntos de venta (máquinas expendedoras). “Todo estaba preparado para poder sancionar a 1.000 expendedores, llevándolos a la ruina y haciendo caja disparando la recaudación del CMT”, indican las fuentes consultadas.

Los demandantes consideran que a lo largo de la instrucción del caso pueden aparecer nuevas pruebas que provoquen la presentación de una querella criminal por “coacción, prevaricación, tráfico de influencias” y otro tipo de delitos. En la actualidad la Subsecretaría de Hacienda ha dejado de respaldar las sanciones del CMT por recomendación de los servicios jurídicos del departamento ministerial, al considerar que existen suficientes indicios como para sospechar que las citadas sanciones pueden haberse impuesto de forma irregular.

La clave está en determinar la legalidad de los contratos firmados entre los particulares propietarios de los puntos de venta (por un lado) y la empresa de marketing MKPC, una relación laboral que no implica de ninguna forma la compraventa de tabaco, sino la gestión de las etiquetas de las máquinas expendedoras. Los demandantes consideran que el CMT ha considerado estos contratos ilegales para hacer caja, contando con la colaboración de la industria tabaquera, que habría pasado por el aro a cambio de multas asumibles.

La Guardia Civil sanciona a los estancos a las órdenes del CMT

A finales de pasado año OKDIARIO avanzó en exclusiva que los estanqueros españoles denunciaban una campaña de acoso por parte del Ministerio de Hacienda en colaboración con determinados agentes de la Guardia Civil. Según los profesionales contactados por este diario el organismo encargado de controlar el monopolio estatal está utilizando la normativa para imponer sanciones desproporcionadas que, en algunos casos, afectan a la viabilidad de las familias que viven de los estancos.

Este organismo es el citado CMT y depende del Ministerio de Hacienda. Una de sus funciones principales es vigilar y sancionar a los estancos y está llevando al límite la aplicación de una normativa que le permite establecer enormes multas a los establecimientos. Tiene tres fuentes de ingresos: el canon concesional, la tasa por prestación de servicios y las multas por infracciones. Las cuentas relativas al pasado ejercicio revelan unos ingresos de 29,7 millones de euros. El organismo tiene una plantilla de 56 personas y unos gastos en salarios de 2,08 millones, lo que supone un sueldo medio superior a los 37.000 euros por persona.

Con esta escasa plantilla no se pueden realizar muchas inspecciones y, por ello, el CMT forma a guardias civiles para que hagan ellos la labor de vigilancia. Los agentes de la Benemérita van a los estancos para comprobar las posibles infracciones y también acuden a los bares y restaurantes que tienen máquinas expendedoras. Las actas que levantan sirven a la CMT para imponer las sanciones que, en el caso de las que son “muy graves” (las que superan los 120.000 euros) deben llevar la rúbrica de la Subsecretaría de Hacienda.

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