Antonio David Flores pone fecha a su pulso judicial con Rocío Carrasco y al clan ‘Sálvame’: casi 6 millones en juego
Antonio David Flores vuelve a poner contra las cuerdas al universo 'Sálvame' con una demanda civil de 5,7 millones de euros
Entre los demandados figuran Carlota Corredera, María Patiño, Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández
Flores considera que se vulneraron sus derechos al honor, a la propia imagen y a la reputación tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'
Antonio David Flores ha conseguido poner fecha a uno de los procedimientos judiciales más esperados derivados de la guerra televisiva que protagonizó con Rocío Carrasco. El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha fijado para mayo de 2028 la celebración de la audiencia previa de la demanda civil que el ex marido de la hija de Rocío Jurado interpuso contra ella, Mediaset, La Osa Producciones —antigua La Fábrica de la Tele— y numerosos colaboradores de televisión por la presunta vulneración de su derecho al honor, a la propia imagen y a la reputación. Según ha contado el propio Antonio David Flores a Vibras en corte, esta primera cita judicial servirá para abordar las cuestiones previas del procedimiento y explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que se determine la fecha del juicio.
El litigio, que amenaza con reunir en los juzgados a buena parte de los rostros más conocidos de la antigua etapa de Sálvame, llega después de años de enfrentamiento público y judicial. El padre de Rocío Flores reclama una indemnización total de 5.789.000 euros, una cantidad que pretende distribuir entre los distintos demandados y para la que solicita, además, responsabilidad solidaria. La lista de señalados incluye a figuras tan conocidas como Carlota Corredera, María Patiño, Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández, además de periodistas y colaboradores que participaron en los programas en los que se abordó su relación con Rocío Carrasco tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Antonio David Flores y su hijo David en Madrid. (Foto: Europa Press)
La fecha de mayo de 2028 corrige la información que el propio Antonio David había adelantado inicialmente sobre la celebración del juicio. El ex guardia civil anunció en su canal de YouTube que el procedimiento tendría lugar en mayo de 2027, pero posteriormente aclaró que esa fecha correspondía a una confusión: lo previsto para 2028 es la audiencia previa, no el juicio oral. En ese primer encuentro, según la información publicada, comparecerán los abogados y procuradores de las partes, que deberán abordar las cuestiones procesales y la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si no se produce un entendimiento, el procedimiento continuará y habrá que fijar la fecha para la celebración del juicio.
La dimensión de la demanda y el elevado número de personas implicadas convierten este proceso en un capítulo especialmente relevante de una de las mayores controversias mediáticas de los últimos años. Entre los nombres que aparecen en la lista de demandados figuran también Montse Suárez, Paloma García-Pelayo, Laura Fa, Miguel Frigenti, Belén Rodríguez, Alonso Caparrós, Marc Giró, Isabel Rábago, Kike Calleja y Ana Bernal-Triviño. Todos ellos deberán responder, en el marco del procedimiento, por las manifestaciones que Antonio David considera lesivas para sus derechos. La demanda no implica, en cualquier caso, que se haya declarado judicialmente la responsabilidad de ninguno de los señalados: esa cuestión deberá resolverse en el correspondiente proceso.
La demanda millonaria contra Rocío Carrasco, Mediaset y los colaboradores
Las cantidades reclamadas varían en función de cada demandado. Antonio David Flores exige 1.976.000 euros a Mediaset España y a las empresas vinculadas al grupo que estuvieron relacionadas con la producción y emisión de los contenidos cuestionados. A Rocío Carrasco le reclama 1.628.000 euros, mientras que la cantidad atribuida a La Osa Producciones asciende a 1.560.000 euros. Entre los colaboradores, las cifras también son elevadas: según la información publicada, María Patiño se enfrenta a una reclamación de 283.475 euros, Carlota Corredera a otra de 281.000 euros y Jorge Javier Vázquez a una de 207.000 euros.
El ex marido de Rocío Carrasco pretende que exista responsabilidad solidaria entre los demandados, de manera que puedan responder del importe global en los términos que solicita su representación legal. La resolución definitiva sobre estas reclamaciones, así como sobre la posible responsabilidad de cada uno de los implicados, dependerá de lo que determine la Justicia. Por ahora, la celebración de la audiencia previa supone un nuevo paso en una batalla que ha pasado por distintos ámbitos judiciales y que continúa teniendo como telón de fondo el impacto que tuvo la docuserie de Telecinco.
De la emisión de la docuserie al despido de Antonio David Flores
Para entender el origen de esta macrodemanda hay que remontarse a 2017, cuando Rocío Carrasco denunció a Antonio David Flores por un presunto delito de maltrato continuado. Aquel procedimiento judicial avanzó durante años en paralelo a los enfrentamientos personales y familiares que ambos mantenían desde su separación. Sin embargo, fue en marzo de 2021 cuando el conflicto adquirió una dimensión mediática sin precedentes con el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva.
En la docuserie, la hija de Rocío Jurado relató su versión de la relación con el padre de sus hijos y de los episodios que, según su testimonio, marcaron su vida durante años. Su intervención provocó una enorme repercusión social y cambió radicalmente la percepción pública de ambos. Rocío Carrasco, que llevaba tiempo alejada de los platós y había mantenido un perfil mediático discreto, volvió al primer plano y se convirtió en protagonista de un debate que trascendió el mundo del corazón. Al mismo tiempo, Antonio David Flores fue despedido de Sálvame y quedó apartado de los espacios de Mediaset en los que había trabajado como colaborador.
Antonio David Flores en televisión. (Foto: Telecinco)
La repercusión de aquellas emisiones no se limitó a la relación entre los dos protagonistas. Los programas de televisión dedicaron numerosas horas a analizar el testimonio de Rocío Carrasco, las declaraciones de Antonio David y las consecuencias del conflicto para sus hijos, Rocío y David Flores. Los colaboradores que participaron en aquellos debates y las empresas responsables de los contenidos quedaron en el centro de una controversia que, años después, sigue teniendo consecuencias.
En 2023, la Justicia declaró improcedente y nulo el despido de Antonio David Flores en los términos recogidos en la resolución judicial, al considerar vulnerados sus derechos, y condenó a Mediaset a indemnizarle con 120.000 euros. Por otro lado, la causa penal por maltrato fue archivada al no apreciarse pruebas suficientes para continuar con el procedimiento en los términos investigados. Este archivo no debe confundirse con una declaración judicial de que los hechos relatados por Rocío Carrasco fueran falsos, del mismo modo que la resolución laboral sobre el despido no determina por sí misma la responsabilidad de los demandados en la actual reclamación civil.
La condena a los productores y la retirada de las docuseries
La batalla judicial sumó otro episodio en 2025, cuando Antonio David fue absuelto de la acusación de alzamiento de bienes. Ese mismo año, el ex colaborador impulsó la macrodemanda civil que ahora tiene fijada su audiencia previa para mayo de 2028. El procedimiento se desarrolla, además, en un contexto marcado por la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid por revelación de secretos relacionada con la difusión de información judicial sobre Rocío Flores cuando era menor de edad. La sentencia incluyó penas de prisión e indemnización, aunque los condenados anunciaron que recurrirían la resolución.
Tras aquel episodio, Mediaset retiró de sus plataformas las docuseries protagonizadas por Rocío Carrasco. La decisión volvió a situar el caso en el centro de la actualidad y reabrió el debate sobre las consecuencias de la exposición televisiva de conflictos familiares y de la difusión de información especialmente sensible.
