La pesadilla socialista del ‘Caso Azud’ reaviva el adelanto electoral de Ximo Puig en Valencia

El adelanto electoral en la Comunidad Valenciana que el PSOE de Ximo Puig ha venido manejando sigue sobre la mesa. Con la particularidad de que ahora ha tomado un nuevo impulso a raíz de la pesadilla que para los socialistas han supuesto las nuevas revelaciones del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el denominado Caso Azud.

Ese informe sobre el Caso Azud revela datos acerca de una supuesta financiación ilegal de los socialistas, de los que ayer ya informó OKDIARIO, en las campañas municipales de 2007 en la ciudad de Valencia y de las Generales de 2008 en esa circunscripción. Los socialistas evalúan el control de daños que el caso puede tener sobre su electorado de cara a sus opciones de gobernar en una tercera legislatura.

OKDIARIO ya reveló el pasado 21 de junio que la UCO cifraba en 240.476 € el importe pagado por la trama corrupta Azud a empresas publicitarias que trabajaron en la campaña electoral del PSOE en mayo de 2007.

De hecho, en el Caso Azud se investiga, entre otras cuestiones, la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano en las elecciones locales de 2007 en Valencia y las Generales de 2008 a cambios de supuestos favores urbanísticos. No son cuestiones menores por 2 razones: una, porque la candidata del PSOE a la Alcaldía de Valencia en 2007 fue Carmen Alborch. Y porque 3 de los componentes de aquella lista de las Generales de 2008 llegaron a ser ministros en los gobiernos de los también socialistas Zapatero o Sánchez: se trata de José Luis Ábalos, Carmen Montón y María Teresa Fernández de la Vega.

Presión en el Ayuntamiento de Valencia

A ello, se suma, que hace escasamente 24 horas el Partido Popular pidió explicaciones a la candidata socialista a la Alcaldía de Valencia y actual vice alcaldesa de esa ciudad Sandra Gómez. Y ello, porque uno de los imputados en el caso, el también ex delegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, fue su mano derecha en Urbanismo. Y en Azud se investigan, también, presuntas comisiones ilegales a cambios de supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia. El caso encierra una enorme complejidad y sus consecuencias, con decenas de imputados, son impredecibles.

Pendientes de los juzgados

Y se agrega, además, que tanto el Caso Oltra como el que afecta directamente al hermano del presidente de la Generalitat, el también socialista Ximo Puig, siguen en los juzgados. Y que tanto Ximo Puig como la ex vicepresidenta primera de la Generalitat Mónica Oltra están pendientes de si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admite a trámite la denuncia de un diputado no adscrito de las Cortes Valencianas, el ex de Ciudadanos Vicente Fernández, por supuesta prevaricación y malversación. Según se desprende de esa denuncia, supuestamente, habrían convertido la dimisión de Oltra en una destitución. El denunciante ya ha otorgado poderes a una procuradora, mientras el TSJCV estudia si admite o no la denuncia.

Control de daños

En este escenario, los socialistas han reavivado la posibilidad de llevar a cabo un adelanto electoral en un contexto en el que aún pueden evaluar un control de daños, porque las encuestas dicen que sólo ellos aguantan entre los tres partidos que conforman el Ejecutivo presidido por Ximo Puig. Y si el panorama se oscurece la izquierda puede dar por perdido definitivamente un tercer mandato.

Cuentan con la inminente aprobación de los presupuestos -es cuestión de horas- y con que su socio de referencia, la Coalición nacionalista Compromís, ya tiene definido el liderazgo del diputado nacional Joan Baldoví, una vez Aitana Mas ha aceptado ser cabeza de lista por la provincia de Alicante, lo que supone la renuncia a disputar ese liderazgo a Joan Baldoví y existe una clara aproximación entre ambos. Y, también, con que el balance de daños presentes y futuros, que el PSOE sí tiene que evaluar en su caso, ellos ya lo han cerrado.