Mazón impulsa el mayor acuerdo por la vivienda en la Comunidad Valenciana con 4.000 en marcha en 2 años

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha rubricado este jueves el mayor acuerdo por la vivienda de la Comunidad Valenciana. Un documento firmado junto a él por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras. El citado acuerdo se pone en marcha sobre la base de un trabajo ya adelantado: en sólo dos años desde su llegada a la Presidencia de la Generalitat, Mazón ha impulsado 4.000 viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana. Todas ellas, en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción.

El presidente valenciano ha reiterado este jueves también que por primera vez habrá una rebaja «lineal y para todos» del 10% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como ya había adelantado este 4 de abril. Una medida que tiene por objeto favorecer a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y, además, que va en la dirección de que este territorio deje de tener los impuestos de vivienda más caros de España».

El Acuerdo por la Vivienda es, además, el impulso de legislatura necesario para afrontar la enorme empresa que supone completar 10.000 viviendas públicas hasta 2027. Un objetivo trazado por el presidente de la Generalitat del que ya está en marcha el 40%: más de 4.000 viviendas.

En concreto, de esas 4.000 viviendas ya en marcha, un total de 627 corresponden a inmuebles de promoción directa de la Generalitat. Otras más de 3.000, desarrolladas en colaboración público privada. Y otros 1.000 inmuebles que se activarán antes del 31 de diciembre, «lo que demuestra que la vivienda es una prioridad. Y que el Plan VIVE está dando resultados», ha destacado Mazón.

Con todas estas actuaciones, que suponen una inversión de más de 1.000 millones de euros, la Generalitat Valenciana va a beneficiar a más de 15.000 personas, «que pronto tendrán un hogar». A todo ello, hay que añadir que la modificación del decreto de viviendas de protección pública ha permitido movilizar al sector que sólo en este 2025 ya ha solicitado la calificación de 1.200 viviendas promovidas por la iniciativa privada.

En cuanto al Acuerdo por la Vivienda en la Comunidad Valenciana, rubricado este jueves, Mazón ha explicado que se trata de un compromiso firme y una estrategia compartida para dar un nuevo impulso a la vivienda digna que «esperan y merecen miles de familias y jóvenes, además de reforzar la apuesta por una política transversal y social en este ámbito».

Mazón ha anunciado que antes de finalizar este 2025 se va a poner en marcha el proceso para la aprobación, en 2026, de un nuevo decreto que regule su gestión, mantenimiento y los procedimientos de acceso», lo que según ha verbalizado: «Potenciará su papel como instrumento clave de la política social» valenciana.

Así, ha adelantado que se ve a profundizar en garantizar seguridad jurídica, con una normativa «coherente, predecible y justa, que no actúe como barrera a la inversión» y que, al tiempo, «sirva para combatir la ocupación ilegal y fomentar el alquiler asequible».

Mazón ha manifestado que este Acuerdo Por la Vivienda en la Comunidad Valenciana es «una responsabilidad colectiva» para dar un nuevo impulso a la legislatura de la vivienda, con acciones en materia normativa, fiscales, de modernización del sector y de seguridad jurídica, entre otras.

El acuerdo refuerza, también, el objetivo del Plan VIVE de construir 10.000 viviendas protegidas, tanto de promoción publica como privada. Una iniciativa a la que ya se han adherido 317 municipios y que cuenta ya con 206 solares públicos en estudio o desarrollo. Para ello, en el marco de este proyecto, se está movilizando suelo público, simplificando trámites y aportando seguridad al sector con el nuevo decreto regulador de la vivienda de protección pública.

Todo ello, según ha explicado, apoyado por otras medidas como ayudas al alquiler, avales a jóvenes para adquirir su primera vivienda. Una iniciativa de la que ya se han beneficiado 1.400 personas. Y bonificaciones fiscales, como la reducción en un 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que ha permitido, hasta la fecha, un ahorro de 38,3 millones de euros a más de 28.500 personas.