La juez de la DANA centra la investigación en el desbordamiento del Poyo del que el Júcar no avisó

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja y que dirige las diligencias previas del caso de la DANA de este 29 de octubre, ha dictado dos autos relevantes para la causa. En uno, centra única y exclusivamente su investigación en el desbordamiento del barranco del Poyo y excluye la presa de Forata: «Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo», asegura la juez en ese auto. En el otro auto, la juez acuerda, entre otras, la declaración testifical del comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se trata del responsable de la citada unidad que estuvo en persona en el CECOPI durante el tiempo de trabajo presencial, por lo que su testimonio resulta vital para explicar qué estaba pasando mientras estaban las pantallas apagadas. Es decir, para confirmar que los técnicos estaban trabajando.

La magistrada descarta la presa de Forata en base a la declaración testifical recibida de un ingeniero hidráulico, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que recalcó que el papel de Forata fue «sumamente beneficioso». La juez agrega que «lo que sale de Forata va a parar a Algemesí y luego confluye con el Júcar, aguas abajo».

Sin embargo, según publicó OKDIARIO este 21 de noviembre, la riada no sólo arrasó por el barranco del Poyo, sino también en el río Magro. El alcalde de Algemesí (Valencia) afirmó que «aquí nadie avisó» acerca de que la presa de Forata recibiese orden de desaguar ingentes cantidades de agua el 29 de octubre para aliviar la presión del embalse. Un desagüe que terminó disparando el caudal del río Magro y alcanzó poblaciones como Algemesí, donde se registraron cuantiosas pérdidas y tres fallecidos. Un vecino de la localidad captó la evolución de las calles antes y después de la apertura de compuertas.

En cuanto al desbordamiento del Poyo, se trata del barranco acerca de cuyo caudal la Confederación Hidrográfica del Júcar remitió dos correos. Uno, a las 16:13 horas, cuando el caudal era de 27 m3/s (metros cúbicos por segundo). Y otro, a las 18:43, cuando ese caudal se había disparado hasta los 1.686 m3/s.

Entre uno y otro, la Confederación remitió fueron datos en tiempo real por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Si bien, como también ha publicado OKDIARIO, la propia página web de la citada Confederación sostiene en referencia al SAIH que: «Los datos en tiempo real tienen carácter de no oficiales y no pueden ser legalmente utilizados». Y añade: «Incluso después de haber sido revisados estos datos pueden haber estado afectados» por una batería de causas que enumera. Entre ellas, el «mal funcionamiento de los equipos de registro y comunicación».

Según sostiene la magistrada en su auto: «Han de centrarse las pruebas en el objeto de este procedimiento, expresado en reiteradas ocasiones, el aviso tardío a la población que no pudo adoptar medidas de autoprotección, que arrancó de una convocatoria tardía del CECOPI».

Precisamente, en el otro auto acordado este miércoles por la magistrada, la magistrada llama a declarar en calidad de testigo al comandante jefe de la UME, que es quien estuvo en persona, como se ha dicho, en el CECOPI, en el tiempo de trabajo presencial. Su testimonio es esencial para explicar qué estaba pasando mientras estaban las pantallas apagadas. Es decir, para confirmar que los técnicos estaban trabajando.

La juez ha citado también a declarar a los alcaldes de Pedralba, Montserrat y Turis, en Valencia. Y, también a la alcaldesa de otra localidad valenciana: la de Godelleta.