Diana Morant se expone a una querella en el Supremo al no ir a la conciliación con el conseller de Sanidad

Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, ha quedado totalmente expuesta a ser objeto de una querella por los supuestos delitos de atentado al honor, injurias y calumnias por parte del conseller de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, después de que ni la citada  Diana Morant ni representante legal alguno en su nombre hayan comparecido al acto de conciliación tras la demanda interpuesta por Marciano Gómez, el pasado 6 de febrero, ante un juzgado de primera instancia de Valencia. En representación de este último, ha acudido a la instancia judicial su letrado.

En la demanda de conciliación, Marciano Gómez advertía expresamente que «la incomparecencia injustificada, la negativa a conciliar o la ausencia de retractación serán interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarán el ejercicio inmediato de acciones penales, con solicitud expresa de las máximas responsabilidades legalmente previstas», lo que significa que Marciano se querellará contra Diana Morant ante el Tribunal Supremo.

El 4 de febrero de este 2026, Diana Morant acusó al conseller de Sanidad en unas manifestaciones a medios de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública». Ese mismo día, Marciano Gómez anunció que emprendería acciones legales contra la ministra por esas manifestaciones.

El origen de la demanda de conciliación presentada por Marciano Gómez como paso previo para denunciar ante el Supremo a Diana Morant por esta grave acusación estriba en que los delitos de injurias y calumnias son perseguibles solo a instancia de parte. Y, en el caso de las injurias, para poder sustanciar la denuncia, se necesita el paso previo por ese acto de conciliación, según las fuentes jurídicas consultadas. Esto es lo que explica que el conseller de Sanidad valenciano haya iniciado el procedimiento para llevar ante el Supremo a la ministra Morant a través de una demanda de conciliación.

Ahora, al no asistir a ese acto de conciliación, Marciano Gómez tiene vía libre para dirigirse al Tribunal Supremo, una vez efectuado el paso previo correspondiente.

El acto de conciliación había sido fijado a las 11:00 horas de este jueves. Si bien, se da la circunstancia de que Diana Morant había convocado a los medios a un acto a las 10:30 horas. Es decir, media hora antes de ese acto de conciliación. Acto al que, más tarde, se anunció que la ministra no asistiría. De hecho, alguna agencia había incluido en su agenda oficial ambos eventos. Finalmente, Diana Morant no ha acudido ni a uno ni a otro.

Según consta en la demanda de conciliación interpuesta por Marciano Gómez, las declaraciones de Diana Morant «no constituyen una crítica política genérica. una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos, al atribuir al solicitante lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y reacción irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)».

Y añade que «la gravedad de la conducta se ve agravada por la relevancia pública de la persona que realiza la imputación, la publicidad y reiteración de las manifestaciones, el cargo institucional del solicitante y el contexto de desprestigio político deliberado, ajeno a cualquier interés informativo legítimo».

Marciano Gómez requería a Diana Morant que reconociera de forma «expresa e inequívocamente» la falsedad de las imputaciones realizadas, que se retractase públicamente «mediante declaración clara, expresa y sin ambigüedades, difundida por los mismos medios y con una repercusión equivalente a las de las manifestaciones calumniosas», además de que pidiera «disculpas», se comprometiera «formalmente a no reiterar las imputaciones de carácter delictivo sin sustento fáctico o jurídico» y abonase una indemnización «por los daños morales e institucionalmente causados», de 30.000 euros.