Moncloa no garantiza que vaya a recurrir el fondo del Govern para las fianzas de Mas y Puigdemont

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no garantiza que vaya a recurrir el fondo aprobado por la Generalitat separatista el pasado julio para pagar los 5,4 millones de fianza que el Tribunal de Cuentas impuso a 34 ex altos cargos del Govern, entre ellos los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, por el proceso independentista de 2017 y otros gastos indebidos en la acción exterior entre los años 2011 y 2017.

Dos meses después de la creación de este fondo, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), y de que el propio Pedro Sánchez abriera la puerta a recurrirlo en unas declaraciones en Tallín (Estonia) el pasado julio, Moncloa continúa sin dar el paso.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno al grupo parlamentario Vox, con fecha del pasado 20 de septiembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes. La formación de Santiago Abascal preguntó al Ejecutivo socialcomunista por escrito si tenía previsto impugnar la creación de este fondo ante el Tribunal Constitucional. Y la contestación de Moncloa mantiene la incógnita.

«El Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña está siendo objeto de estudio por parte del servicio jurídico del Estado. Una vez el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, conozca el sentido del informe actuará en defensa del orden constitucional y del respeto a la autonomía de la Comunidad Autónoma», se ha limitado a decir el Ejecutivo de Sánchez en su respuesta a Vox. Mientras tanto, el Ejecutivo negocia con los separatistas su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Hasta la fecha, la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas pidió al órgano fiscalizador rechazar las diferentes alegaciones formuladas por los ex cargos de la Generalitat a los que reclamó 5,4 millones de euros por uso irregular de fondos en las embajadas catalanas y el Diplocat. Sin embargo, en lo referente a recurrir el fondo aprobado por el Govern de Pere Aragonès (ERC) para pagar tales fianzas, la Abogacía del Estado ha declinado recientemente pronunciarse sobre ello pese a pedirle el Tribunal de Cuentas un informe al respecto.

«No procede»

En concreto, el comunicado oficial de dicho órgano rezó que «la Abogacía General del Estado (AGE) confirma, tras examinar la propuesta elevada por el Abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, que no procede la emisión del informe que le fue solicitado sobre los avales presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación por los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre 2011 y 2017».

A juicio de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, «no procede que, en el marco de la función consultiva que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas atribuye al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría».

Si bien los 5,4 millones se reclaman de forma solidaria, la cantidad requerida a Carles Puigdemont son 1.932.323 euros, así como 2.803.115 a Artur Mas.