La caja de resistencia del separatismo se vacía: no podrá pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas

La caja de resistencia del separatismo catalán se encuentra al límite, justo cuando el Tribunal de Cuentas ha abierto un proceso judicial contra la acción de la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat entre 2011 y 2017. «La situación es muy compleja», ha advertido esta semana Pep Cruanyes, presidente de la ‘caja de resistencia’ en alusión a las fianzas que podría dictar el Tribunal de Cuentas.

La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha citado a declarar como investigados al ex consejero y condenado por el 1-O Raül Romeva; al ex secretario del Diplocat Albert Royo, y al secretario del Govern Víctor Cullell, además de a otros siete altos cargos del Ejecutivo catalán. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial. En concreto, se encuentran investigados por malversar fondos públicos para «internacionalizar el procés» e «internacionalizar el derecho a decidir» a través de subvenciones y trabajos académicos supuestamente «arbitrarias».

Albert Royo aseguró que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros por su acción como secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017. También pidió a la ‘caja de resistencia’ que le pagase esta cantidad, algo que ve «complicado» su presidente. «La respuesta también debe ser política, porque lo que hemos hecho hasta ahora es extraordinario, pero es difícil pensar que en poco tiempo podremos recoger una cantidad como esta», señaló Pep Cruanyes en una entrevista concedida a El Punt Avui.

Crida a la solidaritat @DeSolidaritat

— Albert Royo (@AlbertRoyo5) May 6, 2021

«La caja de solidaridad debe continuar haciendo su papel, pero una cosa es curar una herida y la otra, tratar un enfermo al que han cortado un brazo. Aquí los que actuarán son los partidos políticos», ha apostillado.

Más de 15 millones de euros

La ‘caja de resistencia’ fue creada en 2017 por las asociaciones independentistas de la ANC y Òmnium Cultural para hacer frente a las multas y sanciones de los políticos separatistas condenados por el referéndum ilegal del 9-N, así como posteriormente los condenados por el 1-O.

La entidad presidida por Pep Cruanyes asegura que hasta el momento ha pagado más de 15 millones de euros en multas y fianzas de los procesos judiciales abiertos en los que están inmersos los independentistas. De estos más de 15 millones, 5,2 se han destinado al referéndum ilegal del 9-N y 4,2 al 1-O.

«Solidaridad contra las agresiones del Estado. Ayúdanos a hacer frente a las sanciones impuestas por el Estado», es la proclama que aparece en el portal de ‘Asociación para el Fomento de la caja de solidaridad’. En la misma web se proporciona los datos necesarios para poder contribuir.

En el mismo portal se añade que estos fondos «han de responder a iniciativas de entidades y/o partidos independentistas o bien para seguir el mandato de las urnas y los acuerdos del Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat en favor del proceso independentista».